Acusan a alcaldesa de El Oro de apropiarse de las arcas municipales

Desde el día viernes 19 de diciembre de 2025, la presidenta municipal, Juana Elizabeth Diaz Peñaloza, se apoderó de las cuentas bancarias del Ayuntamiento, por lo que “me deslindo del manejo que desde ese día a la fecha se haga de los recursos públicos municipales, por lo cual tampoco estaré firmando ni autorizando ningún movimiento financiero, en aras de no lastimar la hacienda pública”.

A través de una carta pública, Carlos Felipe Sánchez Florentino, Tesorero del municipio de El Oro, consideró un agravio a la población que de manera arbitraría, se haga manejo y uso discrecional de los recursos públicos, por lo que, dijo, se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por los ilícitos que puedan configurarse, si se llegan a hacer movimientos financieros sin justificación ni procedimiento administrativo.

Tras deslindarse de cualquier manejo financiero que se realice luego del 19 de diciembre de 2025, el funcionario municipal denuncia que la alcaldesa ha colocado policías para impedirle el acceso a las oficinas de la Tesorería, “lo cual vulnera mis derechos laborales y administrativos, y deja en incertidumbre jurídica el área que encabezo”.

Asimismo precisó que la presidenta municipal, con la complicidad de la contralora municipal, María Elena Bautista Togo, ha realizado movimientos de personal dentro de la Tesorería, así como en otras direcciones, sin el análisis y aval del cabildo, situación que ya ha sido denunciada públicamente por los mismos ediles.

“Quiero recalcar que esta situación de desaseo administrativo, generada por la misma presidenta municipal, genera un clima de incertidumbre jurídica sobre la administración pública municipal y repercute negativamente en la operación de los servicios públicos municipales”.

Cabe recordar que recientemente este municipio ha experimentado una crisis significativa de gobernabilidad, marcada por protestas de residentes que han solicitado reiteradamente la destitución de la presidenta, por la precaria prestación de los servicios públicos municipales, por despidos injustificados y por la cerrazón al diálogo y al entendimiento.