Una de las iniciativas reconoce el derecho de las personas a impugnar resoluciones judiciales cuando se acredite que el juicio se siguió sin su conocimiento.
Por Veneranda Mendoza
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Héctor Macedo García, remitió al Congreso local dos iniciativas de reforma para fortalecer la legalidad y el debido proceso en la entidad. Las propuestas buscan regular la nulidad de juicio concluido en casos excepcionales y reconocer la competencia de tribunales de alzada integrados por un solo magistrado.
A través de una modificación al Código Civil del Estado de México, el titular del Poder Judicial plantea regular de manera expresa la figura de nulidad de juicio concluido, con el objetivo de atender situaciones en las que sentencias firmes hayan sido obtenidas mediante fraude procesal, colusión o uso de pruebas falsas.
La iniciativa reconoce el derecho de las personas a impugnar resoluciones judiciales que hayan causado ejecutoria cuando se acredite que el juicio se siguió sin su conocimiento, existió falsa representación o se incurrió en maniobras fraudulentas que vulneraron el debido proceso.
El proyecto establece bases claras para que jueces y juezas puedan conocer y resolver estos casos, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La interposición de la nulidad no suspenderá automáticamente la ejecución de la sentencia firme. Sin embargo, quien promueva el recurso podrá solicitar la suspensión, siempre que otorgue una garantía fijada por la autoridad jurisdiccional para cubrir posibles daños y perjuicios a la parte vencedora.
Si la nulidad resulta infundada, la garantía se adjudicará a la parte demandada sin necesidad de prueba adicional. No será exigible garantía cuando se acredite que la ejecución puede causar un daño irreparable; no obstante, si la nulidad es improcedente, la parte actora deberá pagar daños, perjuicios, gastos y costas, además de una multa de hasta un año de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para la persona abogada que haya promovido la acción.
La segunda iniciativa propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México para armonizarla con la Constitución local y el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconociendo formalmente la competencia de tribunales de alzada integrados por uno o tres magistrados.
La propuesta detalla que estos órganos jurisdiccionales contarán con secretaría de acuerdos, proyectistas, oficialía mayor y demás personal que determine el Órgano de Administración Judicial.
El Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece que el tribunal de alzada puede integrarse por uno o tres magistrados, encargados de resolver recursos de apelación en materia federal o local.
Con estas reformas, el Poder Judicial mexiquense busca cerrar vacíos legales y fortalecer la seguridad jurídica en el Estado de México.
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