En el estado de México no existe el Juicio Especial Hipotecario y se realizan embargos con violencia e impunidad.

En Tecámac impera la ilegalidad. Con violencia se despoja a familias de sus casas bajo simulaciones legales, denunciaron a COMUNICADORESMX José Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense por una Vivienda Digna y Maribel Jerónimo, coordinadora de esa organización en este municipio.

En términos generales, el abogado y titular del espacio “Prisionero de Conciencia” explicó que autoridades judiciales simulan los embargos para adjudicarse las propiedades, aprovechando que en el Estado de México no existe el Juicio Especial Hipotecario. Tal irregularidad se conoce como “fraude procesal” y el Frente que encabeza ya trabaja en 15 casos de este tipo.

Aunado a la ilegalidad, está la prepotencia con que se actúa en los embargos.   Maribel Jerónimo mencionó dos casos ocurridos en enero en el fraccionamiento Real Castel. En uno de ellos el desalojo se hizo cuando solo estaba un niño en el domicilio, y en el otro no les importó sacar a la calle a un adulto mayor que requería de oxígeno.

En ambos casos se mostró al actuario Marco Antonio Aguilar Duarte que había un amparo vigente, por lo que no procedía el desalojo. La respuesta fue una amenaza: “Si no se retira –dijo a la propia Maribel- la vamos a remitir”.

“Somos mujeres las que por lo regular defendemos eso y nos mandan a todo el batallón, pues nos intimidan. Y aun así, nosotras defendemos las casas” comentó en entrevista en la que también acusó al Juez Quinto de lo Civil con sede en Tecámac, Miguel Ángel Rodríguez Reyes, de autorizar esos embargos, que asegura están fuera de la ley.

El ejemplo más reciente de esa situación sucedió el pasado viernes, 18 de septiembre en el mismo fraccionamiento. Vanesa Santos salió temprano a unas compras, mientras que amigos suyos la esperaban en su casa, la cual rentaba a un familiar.

Al regresar ya estaba la fuerza pública. Más de 30 elementos de la policía municipal, entre otros elementos de seguridad, custodiaban el desalojo que se realizaba en su domicilio.

Dijo que el notario también fue prepotente y la amenazó con llamar a la policía femenina –que sí llegó al lugar- para detenerla, luego de que la afectada lo cuestionara por lo que estaba ocurriendo.

En este caso nunca se enviaron previamente las notificaciones respectivas ni hubo un emplazamiento a juicio. Además, al no estar presente la persona que es dueña del inmueble y por quien supuestamente habían preguntado al llegar, entonces no debió proceder este desalojo.

Sin embargo, a decir de José Humbertus Pérez Espinoza, también fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos AC, toda esta situación forma parte de un engranaje de corrupción en donde están involucrados varios elementos del Tribunal Superior de Justicia como de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), entre otros.