“… Se observa el dolo y mala fe, con la que pudo haber actuado personal adscrito al ISSEMyM, al omitir cumplir con eficacia y máxima diligencia sus funciones en agravio de la Ciudadana Sandra Villegas Herrera”: CODHEM

Por Gabriela Landetta

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) le perdonó a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEmex) más de mil 427 millones de pesos por concepto de multas y recargos, pero incurre en diversas irregularidades para otorgar una pensión por viudez a la señora Sandra Villegas Herrera, retroactiva a 2015.

El asunto tomó un giro jurídico en el que tuvo que intervenir el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, pero también la Comisión de Derechos Humanos de la entidad por las diversas irregularidades y arbitrariedades con que se ha desempeñado el Issemym para atender el caso.

Con el número de expediente CODHEM/TOL/CD/7/2019, la Comisión emitió la siguiente consideración: “Es así que se observa el dolo y mala fe, con la que pudo haber actuado personal adscrito al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al omitir cumplir con eficacia y máxima diligencia sus funciones en agravio de la Ciudadana Sandra Villegas Herrera pues no fueron respetados los principios de legalidad y seguridad jurídica, generando incertidumbre jurídica a la hoy inconforme…”

Cabe destacar que la directora general del Issemym, Bertha Alicia Casado Medina, está enterada –o debería estarlo- del caso desde agosto del año pasado. A las 9 de la mañana del 6 de agosto de 2019 en su oficina se recibió un oficio de seis cuartillas. En él, Villegas Herrera le plantea con lujo de detalle el problema.

A la fecha, la titular del Instituto no solo no ha emitido opinión alguna sobre el particular, sino que además se ha negado a recibir a la afectada quien en reiteradas ocasiones ha solicitado audiencia con ella sin que esto haya sido posible.                      

Y todo comenzó en 2018. Casi tres años después de que el servidor público del Issemym, Marco Aurelio Amaro Mercado, perdiera la vida el 15 de octubre de 2015, su viuda, Sandra Villegas, decidió iniciar el trámite para recibir la pensión que por ley le correspondía el 22 de mayo de 2018.

Sin embargo, se entera que la madre del difunto, de nombre Taide Mercado Castro, desde el 8 de junio de 2016 presentó a su vez la misma solicitud y que el Comité de Pensiones resolvió a su favor el 28 de abril de 2017, cuando no tenía derecho a ella, debido a que ya recibía una por viudez por parte las Fuerzas Armadas de la Ciudad de México por aproximadamente 18 mil pesos mensuales.

Para expresar su inconformidad por esa situación solicitó audiencia con el jefe del Departamento de Pensiones, Adrián Noguez Arce, quien la recibió diez días después.

Transcurrieron ocho meses sin tener respuesta. Peor aún, relató a COMUNICADORESMX, que cuando acudía personalmente a las oficinas para conocer el estado de su trámite recibió tratos discriminatorios y de falta de respeto hacia su persona ya que la criticaban por no haberse casado con el occiso, con quien vivió más de diez años en concubinato.

Sin embargo, en ese entonces, la afectada contaba con la sentencia que reconocía legalmente su estatus de concubina del fallecido, la cual se le otorgó el 9 de abril de 2018 por parte del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca bajo el número de expediente 313/2018, por lo que al amparo de la ley, sí le correspondía recibir la pensión correspondiente.

Uno de los requisitos que establece el Issemym para otorgar la pensión por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al servicio, es presentar “copia certificada del acta de matrimonio expedida con una antigüedad máxima de 6 meses o resolución emitida por la autoridad jurisdiccional competente, que acredite el concubinato.”

Sin embargo, a decir de la perjudicada, omisiones, negligencia y quizá hasta “tráfico de influencias” permitieron que durante un tiempo su ex suegra recibiera ese pago, aproximadamente durante 18 meses –se estima que de mayo de 2017 a noviembre de 2018 cuando finalmente se le revocó la pensión-.

Lo narrado hasta aquí parece una historia sencilla, pero han sido más de dos años en los que la afectada, por las “malas” decisiones de funcionarios y servidores públicos del Issemym ha tenido que tocar puertas, enfrentar negligencias, malos tratos, omisiones y diversas irregularidades.   (Continuará)