Diputados reclaman seguridad en el transporte, vías libres de peaje y transparencia en proyectos carreteros; Movilidad justifica deficiencias.

“Los mexiquenses estamos cansados de vivir con miedo al subirnos al transporte público, urge que se garantice la seguridad a todos aquellos que por necesidad se ven obligados a utilizar el transporte público en el Estado de México”, reclamó la diputada por Morena Monserrat Ruiz Páez durante su participación en la comparecencia del secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez.

La legisladora le recordó al funcionario estatal que en 2017,el gobernador Alfredo del Mazo ofreció en campaña mejorar el transporte público y esto no ha sucedido; tampoco dijo, se cuenta con una red libre de peaje en buenas condiciones, “por el contrario se tiene en pésimas condiciones.

Retó al gobierno estatal a revertir el incremento de 10 a 12 pesos a la tarifa del transporte público, como una medida de apoyo a la economía familiar en la pandemia de covid-19, en tanto que los diputados del PVEM y PT, José Couttolenc Buentello y Bernardo Segura Rivera, respectivamente, demandaron al secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez, explicar por qué se autorizó el llamado “tarifazo”, que no se ha reflejado en un mejor servicio ni en mayor seguridad para los usuarios.

Ruiz Páez que los avances reportados en materia de movilidad, como la Autopista Urbana “Siervo de la Nación”, la Vía Rápida hacia Malinalco y la Autopista Toluca-Naucalpan, solo la última ha sido concluida, y son proyectos que se entregan fuera de tiempo y cuestan miles de millones a los mexiquenses, como la Toluca-Naucalpan que pasó de 5 mil millones a 11 mil millones de pesos. Mientras que la Línea 4 del Mexibús Indios Verdes-Tecámac lleva 6 años de retraso.

“Secretario, si la corrupción tuviera un nombre sería el de OHL, y si ese nombre tomara forma sería la del Circuito Exterior Mexiquense. Esta autopista se encuentra en pésimas condiciones, es cara, cuenta con problemas de convivencia con las comunidades, y ni siquiera se sabe cuándo se recuperará la inversión”.

Por su parte, Limón Chávez justificó que la inversión en la carretera Toluca-Naucalpan se incrementó al doble debido a las obras sociales realizadas y al tiempo en que la maquinaria estuvo detenida ante por inconformidades de los comuneros y contrario a lo que arguyen los propios pobladores, “ya no hay suspensiones que obliguen a detener las obras y el peaje para la circulación se mantiene en la media estatal”.

Además, justificó que el tramo federal en que se asienta el Viaducto Elevado Bicentenario es producto de un convenio con la Federación y negó que la autopista Toluca-Atlacomulco se haya construido sobre la carretera Panamericana.

Sobre la construcción por parte de OHL del Viaducto sobre un tramo de carretera federal, aseguró que a finales de la década de los ochenta, el Gobierno estatal firmó un convenio de descentralización con la Federación, que comprometía a la administración mexiquense a dar mantenimiento y mejorar el tramo, motivo por el cual fue concesionado. El convenio, indicó, establece que cuando el concesionario recupere su inversión, el tramo será devuelto a la Federación.

El funcionario adelantó que la administración mexiquense ya analiza la posibilidad de extender el esquema de Asociación Público Privada (APP) –a través de la concesión a la iniciativa privada– para el mantenimiento carretero en otras vialidades libres de peaje en la entidad; y para atajar las afectaciones de la pandemia, en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) se apostará por el transporte de carga, pues el de pasajeros disminuyó drásticamente.

Finalmente, el morenista Nazario Gutiérrez se pronunció por enjuiciar al exsecretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal por la falta de apoyos a los concesionarios, y pidió a su sucesor hacer “borrón y cuenta nueva” con los transportistas para aliviar las pérdidas que registraron durante la pandemia.