El proyecto de decreto dispone la obligatoriedad de la educación superior y reitera la gratuidad de las universidades públicas.

Senadoras y senadores acuerdan realizar cambios al dictamen para presentarla ente el Pleno la próxima semana

Por unanimidad, las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que expide la Ley General de Educación Superior, cuyo objetivo es establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la enseñanza de este nivel.

Los integrantes de ambas comisiones acordaron presentar propuestas de modificación al proyecto de decreto, pues hay cuestiones pendientes que se deben incluir o precisar en el dictamen.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, dijo que este proyecto es resultado de un trabajo colectivo entre legisladores de todos los grupos parlamentarios.

Señaló que la Mesa Directiva de la Comisión recibirá las propuestas de modificación para contemplarlas en el dictamen. Previó que la próxima semana se presente el proyecto ante el Pleno y que sea ahí donde se aprueben los cambios sugeridos.

El proyecto de decreto dispone la obligatoriedad de la educación superior y reitera la gratuidad de las universidades públicas. Contempla que el Sistema Nacional de Educación Superior se integre por los subsistemas universitario, tecnológico, escuelas normales y formación docente, en sus diferentes modalidades.

Lo anterior, a fin de garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades nacionales, regionales, estatales y locales, además de las prioridades específicas de formación de profesionistas, investigadoras e investigadores para el desarrollo sostenible del país.

Asimismo, establece que los presupuestos federal y estatales deberán incluir recursos suficientes para cumplir de manera progresiva los deberes de obligatoriedad y gratuidad.

Incluye la coordinación entre las autoridades federales y locales para garantizar el acceso y ejercicio de la educación superior, así como las políticas de inclusión, permanencia y continuidad de los alumnos de este nivel.

El dictamen otorga autonomía a las universidades, y demás instituciones de educación superior, además de la facultad para gobernarse así mismas.

Señala que estas instituciones deben cumplir sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, con pleno respeto a las libertades de cátedra, investigación y discusión de ideas.

El nuevo marco normativo ayuda a satisfacer diversas exigencias, como la de establecer el Registro Nacional de Opciones para la Educación Superior, el cual dará a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de este nivel educativo, así como los requisitos para su ingreso.

También, establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las instalaciones universitarias.