Burócratas de la FGJCDMX fueron vinculados a proceso por la desaparición y posterior feminicidio de la niña Fátima.
Cuatro servidores públicos y un extrabajador de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) fueron vinculados a proceso por el delito de negación de servicio tras su negligencia ante la desaparición de la niña Fátima Cecilia, víctima de feminicidio en febrero pasado
Los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra cuatro servidores públicos y un ex empleado de esta institución, resultaron determinantes para que un juez de control los vinculara a proceso por su probable participación en el delito de negación de servicio público.
Al celebrarse la continuación de la audiencia inicial, el juzgador ratificó la medida cautelar de suspensión temporal del cargo para los cuatro trabajadores, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como elementos de la Policía de Investigación en dos casos, un agente del Ministerio Público y un Responsable de Agencia.
Respecto al quinto imputado, quien en su momento se desempeñó como elemento de la PDI, se le confirmó firma periódica quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y se le prohibió acercarse a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde estuvo adscrito antes de renunciar a la institución.
En todos los casos, el impartidor de justicia fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la imputación formulada por el Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en febrero pasado, las cinco personas posiblemente no atendieron correctamente una denuncia por la desaparición de una persona menor de edad, quien posteriormente fue localizada sin vida en la alcaldía Tláhuac.
A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
