Antes de que concluya el año, debe aprobarse la Ley de Amnistía para el Edoméx: Presunción de Inocencia.

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. demandó a la Legislatura mexiquense, de mayoría morenista, no olvidar la aprobación de la Ley de Amnistía por el proceso electoral y las aspiraciones personales, grupales o de partido, e integrar a los más de 13 mil falsos culpables en la entidad por las fallas del nuevo sistema de justicia.

José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de este organismo, advirtió que esta norma debe ser aprobada a más a tardar a mediados de diciembre que es cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones y no hasta el año próximo, como se pretende, para evitar que se contamine con intereses políticos.

Es urgente la aprobación de la Ley, luego de que el pasado 13 de octubre de 2020, durante la Conferencia Mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que a unos días de finalizar el sexenio de Felipe Calderón, se le otorgó a Genaro García Luna la cantidad de 19 millones de dólares para pagar una capacitación a “tres funcionarios” y que el curso duró solo 90 minutos, es decir una hora y media.

Este hecho, dijo, es de mucha transcendencia, porque la capacitación y certificación es el tendón de Aquiles de la corrupción de no haberse instalado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y por tal motivo por la falta de certificación y de no instalar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio más de 13 mil falsos culpables fueron procesados y sentenciados por delitos graves que no cometieron.

En el Estado de México, expuso, vía transparencia, se logró conocer que varios operadores de justicia recibieron capacitaciones de tan sólo un día en materias profundas que requieren de análisis intensos, o tomaron cursos completos en cinco, pero nunca se certificaron.

Pérez Espinoza insistió en que durante los últimos dos años del Gobierno estatal de Enrique Peña y los seis de Eruviel Ávila se recibieron recursos federales para capacitación de los operadores de justicia, pero fueron desviados hacia otras actividades, como campañas electorales.

El primero de octubre de 2013, recordó, se celebró un convenio de colaboración entre la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro (ARSCP), representada por su titular Mónica Argelia Mendoza Salgado, y el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo de la Subsecretaría de Administración, adscrita a la Secretaría de Finanzas, a través de su director Jonathan Eleuterio Michoa, hombre cercano al exrector de la UAEM, Jorge Olvera, y al exgobernador Ávila Villegas, en busca de dar formalidad y funcionalidad al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial.

No obstante, indicó, desde el 18 de octubre del 2011, el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ) era el organismo encargado de realizar estas funciones, por lo que no se justificaba la firma del citado convenio, pues, además, el Poder Legislativo del Estado de México le había otorgado como presupuesto para ese año 170 millones 049 209 pesos.

Mónica Argelia Mendoza Salgado, dijo, fue nombrada titular de la ARSCP por la comisionada general de la Policía Federal –cuyo titular era Genaro García Luna-, Maribel Cervantes Guerrero, hasta hace unas semanas secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México. Además, al revisar el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no dio por válidos los procesos de capacitación y formación porque la ARSCP no está facultada para la formación de operadores de justicia en el Estado de México.

El artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública responsabilizaba a cada entidad federativa de formar su propia academia, mientras las academias regionales de Seguridad Pública pertenecen a la Policía Federal y no tienen ninguna facultad en la capacitación y certificación de los operadores de justicia.

Los falsos culpables –muchos acusados de homicidio, delincuencia organizada, secuestro, violación, trata de personas, extorsión, feminicidio y robos con violencia–, agregó, exigimos el mismo trato que al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, donde con suficientes datos de prueba para inculparlo, de cualquier manera se respetó su presunción de inocencia