Fortalecen a la SCJN como Tribunal Constitucional y dan relevancia a la defensoría pública y al combate a corrupción.

Las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 22 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones. En la de Justicia, 19 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

El documento refiere que estas modificaciones buscan fortalecer a la SCJN como Tribunal Constitucional, asegurar la supremacía de la Ley Fundamental; impedir que los Poderes rebasen la competencia y atribuciones que expresamente les señala la propia Constitución, y materializar la protección real de los derechos humanos.

Combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra los integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones; impulsar la carrera judicial, a través de una escuela de formación para jueces, magistrados, secretarios, defensores públicos y asesores jurídicos son otros objetivos de la reforma.

También busca garantizar la paridad de género; indica que es necesario corregir el desequilibrio en la proporción de hombres y mujeres que integran el Poder Judicial Federal, ya que, en la actualidad, alrededor de 80 por ciento de los jueces y magistrados son hombres, así como romper estereotipos y barreras para que la participación de las mujeres en la carrera judicial sea paritaria.

Además, contar con una defensoría pública a la que la población pueda acceder con la confianza y certeza de que se defenderán sus derechos de manera profesional.

Se crea un sistema novedoso adoptando el sistema de “Precedentes Judiciales”, se depuran las Controversias Constitucionales, al tiempo que se amplía como hipótesis de procedencia a las omisiones, que pueden ser de cualquier orden, siempre y cuando se imbriquen en problemas constitucionales.

Amplía la facultad de promover controversias constitucionales a Órganos Constitucionales Autónomos Locales; fortalece la declaratoria general de inconstitucionalidad; restringe la procedencia del Recurso de Revisión en Amparo Directo, y elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del Presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase.

Además, se eliminan los Tribunales Unitarios de Circuito y son sustituidos por los Tribunales Colegiados de Apelación y los Plenos de Circuito, los cuales son suplidos por los Plenos Regionales; cambia la denominación de “Contradicción de Tesis” por el de “Contradicción de Criterios”; elimina el Recurso de Revisión Administrativa del que conoce la Suprema Corte y se concede tal facultad al Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo, se fortalece la facultad reguladora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que se conoce como “Facultad Autorreguladora”.

De igual forma, se modifican los mecanismos de inamovilidad judicial y amplía la aplicación de la Carrera Judicial. Queda sustituida la denominación del “Instituto de la Judicatura Federal” por el de “Escuela Federal de Formación Judicial” y queda eliminada la facultad de la SCJN para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

Se eleva a rango constitucional el Instituto Federal de Defensoría Pública, lo que fortalece su autonomía; tanto los defensores públicos como los asesores jurídicos formarán parte de la carrera judicial.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que se fortalece a la SCJN, además de que se acerca la justicia a toda la ciudadanía. “Hablar de justicia es una asignatura pendiente con el pueblo de México. Al día de hoy, nuestro país se encuentra en el lugar 60 de 69 países en el Índice Global de Impunidad”.