Reconoce Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos, que continúan las negociaciones con el Legislativo para que se les autorice la construcción de dos penales más.

Por Gabriela Landetta

Con una sobrepoblación que rebasa más del cien por ciento de la capacidad que tienen los centros penitenciarios del Estado de México, el gobierno estatal, con el beneplácito de las autoridades federales, planeaba la construcción de dos penales más en Ixtapaluca y Otumba, a fin de disminuir esa saturación, con dos mil espacios disponibles. Sin embargo, la puesta en marcha de la Ley de Amnistía con la que podrán salir de prisión miles de personas, hace innecesaria la construcción de esas cárceles.

A eso se suma que, desde hace un año aproximadamente, la LX Legislatura del Estado de México mandó a la congeladora el proyecto de construcción de esos penales, al estar en desacuerdo con la propuesta financiera presentada por el gobierno delmacista para otorgar ese trabajo a la iniciativa privada, a través del esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), lo que implicaba contratar financiamientos por más de 43 mil millones de pesos. El costo de cada uno de esos centros penitenciarios estaba estimado en más de 15 mil millones de pesos, más IVA.

En su oportunidad, el diputado Francisco Solorza, presidente de la Comisión de Finanzas en el congreso mexiquense declaró a la prensa que no avalaban el proyecto porque se incluían pagos por desempeño. Es decir que si la empresa encargada de su construcción lo hacía bien, entonces se le beneficiaría con pagos adicionales, lo que aumentarían las tasas de interés de 15 a 28 por ciento, lo cual, argumentó, representa un daño para las finanzas públicas.

Mientras tanto, en el programa La Hora del Notario, que conduce el notario público 125 del Estado de México, Jorge Ramos Campirán en COMUNICADORESMX, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, aseguró que en el transcurso de este año podrían recibirse entre tres mil y cuatro mil solicitudes de Personas Privadas de su Libertad (PPL) que busquen el amparo de la Ley de Amnistía del Estado de México, aunque esa cifra podría duplicarse. Refirió incluso que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) menciona que serán hasta diez mil solicitudes.

Sin embargo, no significa que todas las peticiones sean procedentes. Recordó que uno de los requisitos para acceder a este beneficio, es que no sean reincidentes. Se establece además que la sentencia que están cumpliendo –o su vinculación a proceso- debe ser anterior a la fecha en que se promulgó la Ley, el pasado 6 de enero. Los delitos que se comentan posteriormente ya no están considerados.

El funcionario agregó que la dependencia a su cargo trabaja con el Poder Judicial, a fin de que se le permita que “oficiosamente nosotros podamos procesar ante el PJ algunos casos. Es decir, que no tengamos que esperar a que venga un defensor o una ONG o algún familiar a solicitar la amnistía, sino que estamos identificando aquellas personas que puedan alojar esta ley, y oficiosamente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo estaríamos promoviendo el expediente para que puedan obtener su libertad”.

Destacó que la Ley de Amnistía representa un acto de justicia que no solo tiene que ver el perdón, sino también con el olvido, la reconciliación social y la reconstitución de las condiciones sociales para las Personas Privadas de su Libertad, que si bien cometieron un acto en contra de la ley, “no ameritan en realidad estar en prisión o bien, que por deficiencias del sistema, me refiero a no tener una defensa adecuada por ejemplo, estén privados de su libertad, cuando no debían de estarlo”.

Finalmente, el funcionario no descartó que prospere la intención que tiene el gobierno estatal de que la Legislatura mexiquense les autorice unas Asociaciones Público Privadas (APP) para la construcción de dos centros de reclusión adicional y reconoció que enfrentan recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem) para que se generen condiciones mucho más adecuadas para las PPL “y no lo hemos podido cumplir en los términos más adecuados porque tenemos una sobrepoblación de PPL derivadas de una política criminal que parece que no ha funcionado”.