Afinan una propuesta de Ley de Amnistía para el Edoméx.

 Organizaciones sociales como Presunción de Inocencia, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y #Hazvalermilibertad han difundido y demostrado el soez sistema judicial que impera en el estado de México y que mantiene a personas que han demostrado su inocencia recluidos en los hacinados centros penitenciarios que administra el gobierno estatal.

Es por ello que ya se tiene casi lista la propuesta de Ley de Amnistía que será presentada en breve a la Cámara de Diputados local.

A continuación se reproduce íntegro el documento que explica y fundamenta la necesidad de analizar y aprobar una Ley de Amnistía con características propias para el estado de México.

El pasado 22 de abril a nivel federal se publicó la Ley de Amnistía que fija un piso mínimo para el diseño y consecuente publicación de leyes locales que se presenten. Por ello, consideramos necesaria para el Estado de México una #AmnistíaQueSirva y libere a las personas #InjustamentePresas, quienes son aquellas que por sus condiciones socioeconómicas, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades psicosociales o sus opiniones; son privadas de la libertad acusadas de delitos, generalmente graves, que no cometieron, atentando así contra su dignidad y menoscabando sus derechos.

Resulta tan relevante la implementación de la Ley de Amnistía en el Estado de México porque, por un lado, la abrumadora mayoría de las personas privadas de su libertad están presas en penales estatales, veamos algunos datos: El Sistema Penitenciario Nacional albergaban una población total de 202,221 personas, de este universo 172,566 (85.34%) pertenecen al fuero común y 29,655 (14.66%) al fuero federal, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, emitido por Prevención y Readaptación Social (PyRS) al mes de octubre de 2019. De esas 172, 566 personas presas del fuero común a nivel nacional, en el Estado de México hay 29,967 ( 17.36 %), quienes se encuentran internos en 22 CPRS, un Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque y una Penitenciaria Modelo Dr. Guillermo Colín Sánchez, lo que convierte al Sistema Penitenciario del Estado de México en el más grande del país, al albergar la mayor cantidad de personas privadas de su libertad a nivel nacional, (1 de cada 5 presos del país del fuero común aproximadamente) según datos de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México en su tercer informe especial sobre derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad 2019.

La Ley de Amnistía en el Estado es necesaria porque las personas privadas de su libertad se han convertido en una mera cifra que reportar en los informes de gestiones, alardeo de resultados de eficacia y eficiencia; pero al ser personas injustamente presas no se está accediendo a la justicia sino que ellos y sus familias, mayoritariamente pobres, viven impactos económicos y psicosociales que les re victimizan y acentúa la discriminación estructural de que son objeto. Se requiere una Amnistía que atienda a las personas y no a un catálogo de delitos, puesto que lo que se busca es la justicia social que las instituciones les arrebataron.

Además, se requiere de la despenalización de delitos que no lo son, sino ejercicios legítimos de derechos como lo es el caso de la despenalización del aborto y la legalización de la interrupción del embarazo. Según el Sistema de Información de Interrupción legal del embarazo de la CDMX, de abril de 2007 a septiembre de 2009, después de las habitantes de la Ciudad de México, las mexiquenses son quienes más ejercen este derecho, sólo que para ello deben acudir a otra entidad para hacerlo de manera legal y segura. La discusión de este derecho no puede seguir siendo aplazada, sino que debe ser urgente su discusión.

Asimismo, es necesario liberar a aquellas mujeres que, víctimas de las relaciones asimétricas de poder por su condición de género han sido involucradas en la comisión de delitos por coacción, ya sea de sus parejas sentimentales como de otros familiares que abusando de su condición las orillan a delinquir y que de seguir presas, seguirían siendo revictimizadas debido a que, para dictarles sentencia se tuvo que haber considerado el ejercicio sistemático de violencia al que fueron sometidas por su condición de mujeres en un sistema patriarcal.

Por otro lado, hemos observado también la criminalización de personas jóvenes pertenecientes a colonias populares o bien con alguna discapacidad psicosocial a quienes se les imputa delitos que generalmente son agravados, como una forma de garantizar la inconvencional pero recurrida prisión preventiva oficiosa, que pese a que los mismos relatores de la ONU han denunciado esta figura como violatoria de la presunción de inocencia es la empleada por excelencia.

Personas pertenecientes a comunidades indígenas u originarias que sostienen sistemas consuetudinario cuya cosmovisión difiere de la visión colonizada y por lo tanto es discriminada, susceptible de criminalización como lo ha sido el caso de los hoy ex presos de Tlanixco y Salazar cuyo principal objeto de discriminación fue su identidad cultural.

A los integrantes de pueblos campesinos, ejidos y comunidades agrarias, que defienden sus derechos a territorios y gestión de sus recursos quienes han sido criminalizados, así como campesinos e indígenas y jóvenes involucrados en delitos contra la salud ya sea por producción, trasiego o bien consumo de cannabis, lo que se ha realizado por necesidad, o bien forzados por el crimen organizado o incluso en ejercicio de un consumo lúdico o como víctimas de un problema de salud pública.

La Ley de amnistía debe considerar a las personas que se les han violentado sus derechos humanos flagrantemente con el uso de la tortura, con la incomunicación prolongada, con los testigos a modo como acusadores, con la extorsión, las amenazas de muerte y sin considerar las pruebas que aportan para demostrar su inocencia.

La #AmnistiaQueSirva en el #EdoMex debe contemplar casos de quienes se han organizado para hacer valer el derecho a la vivienda digna y a la educación, quienes se han inconformado ante la injusticia, la pobreza, y la falta de democracia y fueron criminalizados por manifestarse, por organizarse, y por denunciar la corrupción.

Se requiere también una amnistía para las personas que acusadas en el viejo sistema inquisitorio se encuentran en prisión preventiva sin sentencia alguna porque su juicio ha sido aplazado ya sea por la ausencia de denunciante y/o testigos a quien notificar, y que incluso podría no existir, puesto que en el Estado de México basta con que una persona señale a otra de la comisión del delito y nunca más aparecerse, para condenar a alguien a prisión.

Que la pandemia del COVID-19 no sea un pretexto sino un argumento más para devolver la libertad a miles de personas que fueron injustamente presas y además por razones de edad avanzada, salud deplorable, hoy se encuentra en riesgo su vida.

Por lo anteriormente expuesto compañeros y compañeras, todos aquellos que en el Estado de México han vivido en carne propia, directa o indirectamente, la criminalización, la discriminación de un sistema de procuración y administración de justicia que no ha funcionado como debe y se ha dedicado a castigar la pobreza, la ignorancia y la rebeldía, les llamamos a unirnos para hacer llegar nuestras voces al congreso local y como pocas veces, los congresistas mexiquenses incorporen las propuestas e iniciativas que desde la sociedad civil les hemos hecho llegar y que se sintetizan líneas arriba. Consideremos que la justicia social a la que aspiramos también incluye a las personas que fueron víctimas de algún delito, dado que al no realizar debidas investigaciones y meter a la cárcel a inocentes solo se genera impunidad, dado que los verdaderos responsables siguen libres. Todos necesitamos y merecemos que se proteja al inocente y que el culpable no quede impune.

Hacemos un llamado a que sumen su exigencia hacia el Congreso Local para que nuestro estado quede sin #PresosInocentes en las cárceles.