viernes, marzo 29, 2024

El objetivo es tipificar la revelación o difusión indebida de imágenes, archivos o información correspondiente a una carpeta de investigación, fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia mediática de género.

Comisiones legislativas del Congreso mexiquense iniciaron el análisis de cuatro iniciativas que plantean castigar la filtración y difusión de imágenes, materiales documentales y audiovisuales sobre hechos de violencia y las respectivas carpetas de investigación que involucren personas fallecidas o lesionadas, en particular de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La propuesta, revisada en reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, prevé cárcel de hasta 10 años y multas de hasta 500 unidades del valor de la UMA.

Se hizo notar que esta modificación busca garantizar la protección de la dignidad post mortem, y sancionar la difusión de información relacionada con cadáveres, al evitar su revictimización.

En la sesión presidida por la diputada Karina Labastida Sotelo, se acordó consultar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión de Derechos Humanos (Codhem) la viabilidad de tipificar estas conductas y las sanciones que se proponen.

Al exponer el contenido de las iniciativas, las diputadas proponentes expusieron que el objetivo es tipificar la revelación o difusión indebida de imágenes, archivos o información correspondiente a una carpeta de investigación, fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia mediática de género.

Asimismo, evitar que los servidores públicos de las áreas de procuración y administración de justicia hagan uso indebido del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos.

En el debate las y los legisladores coincidieron en que las filtraciones revictimizan a las personas y sus familias, lo que genera severos daños psicológicos y las revelaciones constituyen un daño irreversible que lastima gravemente la dignidad de las víctimas.

Las iniciativas son impulsadas por las legisladoras Liliana Gollas Trejo, Beatriz García Villegas, Araceli Casasola Salazar, Claudia González Cerón y Omar Ortega Álvarez.

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