En dos años fueron asesinados 45 defensores de derechos humanos y civiles.

Por Gabriela Landetta

“México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. A esto se suma que, transitar el camino para buscar justicia se torna gris frente a innumerables obstáculos, límites y deficiencias sistémicas en las instituciones de procuración y administración de justicia”, destaca textualmente el informe de los defensores de derechos humanos del país, denominado “Semillas de la Dignidad y la Lucha”, en el que se da a conocer la situación de las personas defensoras en México 2019-2020.

Integrada por 85 organizaciones en 23 estados del país, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) reporta que en ese periodo  fueron asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos.

De  esa cifra, 19 homicidios corresponden a defensores comunitarios,  15 a defensores de derechos económicos, sociales, culturales y ambientas, DESCA; 6 crímenes se cometieron contra defensores de las personas de la comunidad LGTBTTTIQ+, otros se perpetraron contra quienes defendían derechos civiles y políticos, y dos contra comunicadores con enfoque de Derechos Humanos.

“Intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales”, son algunas de las situaciones a las que se enfrentan los defensores destaca el reporte, en el que también se alerta sobre la actuación del Estado mexicano, no solo porque no reacciona ante estas situaciones, sino porque además “pone en entredicho la labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan”.

“En México, desde hace dos años el gobierno federal, concretamente el presidente, ha sido un foco de grave preocupación pues constantemente recurre a este tipo de señalamientos durante sus conferencias matutinas, con lo que deslegitima la labor de las organizaciones y, esencialmente, demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades”, se destaca en el informe.

Se destaca que los tres niveles de gobierno son los principales interesados en desacreditar  la labor de los defensores de derechos, lo cual realizan mediante declaraciones o notas periodísticas en las que acusan a personas y organizaciones de tener “intereses ilegítimos”, o de ser apoyados financieramente por “opositores” al gobierno.

CAO KENIA HERNÁNDEZ

En ese contexto, el reporte destaca que uno de los casos más graves de criminalización actualmente, es el de coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y dirigente del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Kenia Hernández, a quien se le han iniciado proceso con pruebas falsas en al menos tres fiscalías estatales. Enfrenta cinco cargos de orden federal y dos de fuero común, “Su persecución política es evidente, en tanto se generan nuevas acusaciones de delitos que buscan mantenerla en prisión”.

El 18 de octubre de 2020, Kenia Inés Hernández Montalván, activista y luchadora social, fue detenida en Puebla. Se le acusó de un supuesto ataque a vías de comunicación, ocurrido un año antes, en el estado de Guerrero. Esa fue la segunda ocasión, en cuatro meses, en ser aprehendida.

En menos de 20 días, la dirigente de la organización “Zapata Vive” estuvo recluida en los penales de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en el de Acapulco, Guerrero, y en el Centro de Readaptación Social de Morelos número 16, de Coaotlán del Río, Morelos, donde actualmente se encuentra privada de su libertad.

“Defensora de los derechos a la tierra, la identidad colectiva y promotora de diferentes formas de resistencia y protesta pacífica. Debido a su labor de defensa de derechos humanos de los pueblos ha sido objeto de constante hostigamiento y criminalización por parte de actores particulares y agentes estatales”, denuncia la Red TDT.

Además, califica de grave el hecho de que  uno de los argumentos usados en su contra es “señalar que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas le había retirado las medidas, es decir, la Fiscalía estatal desestimó su labor como defensora de derechos humanos a través de un oficio, cuando es evidente que el hecho de haber contado o no con medidas de protección otorgadas por el Estado que hoy la criminaliza, no es ni debe ser una condicionante para considerarla persona defensora de derechos humanos”.

¿ Y LA AMNISTÍA PARA KENIA?

De acuerdo a investigación efectuada por el Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, para que Kenia Hernández pueda apelar a la Ley de Amnistía en el Estado de México, en lo referente a los cargos de fuero común que enfrenta en la entidad, se requiere  una recomendación de alguna institución de defensa en derechos humanos, según cita a su vez la Maestra Teresa Aguilar en su artículo “Kenia Hernández, un caso aleccionador contra la protesta”, publicado el pasado 8 de abril en la Izquierda Diario.

Por otra parte, el Informe “Semillas de la Dignidad y la Lucha” destaca que el sistema de justicia penal solo funciona perfectamente cuando se criminaliza la protesta y a las personas defensoras de derechos humanos.

De esa manera se desacredita su lucha, pero cuando se trata de perseguir los delitos que ocurren en contra de esos defensores, entonces se vuelve lento y disfuncional.

Así, se observa un patrón de criminalización: “el cual ha perpetuado estas “fallas” en su mayoría las irregularidades en estas instancias se reflejan en juicios con pruebas infundadas, acusaciones sin fundamento, testigos falsos, múltiples carpetas de investigación por persona defensora, el abuso de tecnicismos jurídicos y la utilización de la ambigüedad de la ley para detener y encarcelar personas defensoras, además, se caracterizan por ser procesos largos y tortuosos que buscan causar agotamiento de las personas judicializadas”.