Coparmex coincide con el INAI por los riesgos que representa el manejo de datos biométricos; pide al Poder Ejecutivo ejercer su facultad de veto.

Por Claudio Jaime

El Sindicato Patronal Independiente hizo del conocimiento público su postura en relación con la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Senado para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil manifestando su preocupación por el riesgo a la seguridad de 122 millones de usuarios de este servicio.

El comunicado divulgado en el sitio web de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señala que de acuerdo con los legisladores que se pronunciaron a favor de la creación del padrón, el objetivo de esta medida es contribuir a la disminución de delitos como el secuestro y la extorsión.

Coparmex reitera su preocupación por medidas de esta clase recordando el fracaso que significo una iniciativa similar implementada en gobiernos anteriores, misma que derivo en la exposición de datos de millones de usuarios y la cancelación del registro.

El organismo sindical insiste en que para contar con una estrategia que contribuya a reducir el crecimiento de delitos, no es necesario criminalizar a los usuarios, sino que es prioritario establecer un estricto control al interior de los penales, pues, cita el comunicado, existen análisis que revelan que el mayor número de llamadas de extorsión, se realizan desde el interior de los centros penitenciarios.

Asimismo, destaca que, como resultado del estudio realizado por las comisiones de trabajo de Coparmex, estas consideran que la aprobación de dicha reforma representa un grave riesgo en materia de protección de datos personales y un retroceso para el país, enumerando las siguientes razones:

• La utilización de datos biométricos convertiría este padrón en una base de datos sensibles con un alto riesgo de tratamiento inadecuado de los mismos y el solo riesgo de vulneración en cualquier sentido a dicha base de datos, derivaría en violaciones graves e irreversibles a los derechos humanos de la ciudadanía, incluyendo el derecho a la privacidad y seguridad.
• Existe un alto riesgo de ataques cibernéticos a la base de datos sensibles y de desviaciones de uso distintas a la finalidad para la que fueron recabados, incluyendo la probable comisión de delitos como ha sucedido en el pasado, en donde se roban del Responsable del Tratamiento, las bases de datos y se venden al mejor postor.
• Se requieren medidas de seguridad de la mayor categoría de protección para salvaguardar esa información confidencial y el órgano que ha sido designado como responsable el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha declarado no contar con los recursos presupuestales para ello, derivando de esto la inexistencia de la infraestructura para resguardar y tratar un activo tan valioso como son los datos personales de los usuarios.

• Organismos internacionales como la Relatoría para la libertad de expresión de la ONU han señalado que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona es violatoria de Derechos Humanos. Además, se pondría en riesgo la presunción de inocencia al poderse suplantar la identidad de una persona y acusarla de la comisión de algún delito.
• Debe equilibrarse la debida protección de los derechos humanos a la privacidad y seguridad de las personas con las herramientas del Estado para cumplir con su deber de seguridad pública.
• El requisito de datos biométricos para el uso del servicio de telefonía incrementará la brecha digital en México y limitará el acceso a la comunicación creando mayores barreras para el acceso a la tecnología y la conectividad; lo cual impacta de manera directa en el desarrollo del país, pero, sobre todo, de los grupos vulnerables.
• Existiendo, además una violación al principio de retroactividad de la ley, al impactar a usuarios con líneas telefónicas adquiridas con anterioridad a la publicación del decreto.

Coparmex señala que es preocupante que la discusión y aprobación de esta reforma, se haya ignorado la advertencia realizada por el órgano garante de la protección de datos personales, el Inai, sobre el riesgo potencial al permitir que el manejo de la información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía.

De igual manera expresa su preocupación sobre dicha reforma considerando que vulnera los derechos humanos y desvía la atención en un padrón que traslada cargas a la ciudadanía además de trasgredir sus derechos, siendo que el Estado debería priorizar sus esfuerzos en la prevención, detección, investigación y sanción de delitos con inteligencia, capacitación y presupuesto público.

Finalizando con un llamado al Poder Ejecutivo Federal para realizar un análisis profundo sobre los impactos de esta medida solicitándole ejercer su facultad de veto, en beneficio de la ciudadanía.