Son cerca de 80 familias afectadas por la declaratoria de los predios como terrenos nacionales publicada el pasado 26 de abril en el Diario Oficial de la Federación donde se habilita en nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Por Víctor Castillo
Este lunes representantes legales de propietarios de terrenos de Santa Lucia ofrecieron, en conferencia de prensa, detalles sobre el procedimiento jurídico y administrativo que se mantiene en contra de personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la indemnización de los terrenos.
El abogado Pablo Hernández afirmó que son cerca de 80 las familias afectadas por la declaratoria de los predios como terrenos nacionales publicada el pasado 26 de abril en el Diario Oficial de la Federación, “tan solo uno de mis clientes tiene 120 hectáreas en uno de los polígonos”, añadió que pese a contar con documentos que acreditan la propiedad de los terrenos la SEDATU se ha negado a reconocerlos.
Acusó a Román Meyer, secretario de la SEDATU, María Estela Ríos, actual directora de la propiedad rural de dicha secretaría, y a David Ricardo Cervantes, Subsecretario de Ordenamiento Territorial por actuar con dolo a fin de no reconocer la propiedad de los terrenos.
Además, informó que hasta el momento existen 3 denuncias de hechos en contra de los funcionarios antes citados por la falsificación y uso de documento falso, y 4 escritos dirigidos a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia a fin de que se desahogue lo más pronto posible las denuncias.
A través de un boletín signado por el Despacho de Abogados Pablo Hernández-Romo & Flores los denunciantes detallaron el modus operandi con el que presuntamente la SEDATU flagro el despojo de los terrenos:
“…pagaron los invasores, sin embargo a los propietarios legítimos fueron recibidos por Estela Ríos quien los amenazó con pagarles a seis años, hasta que lo ordenara un juez, por eso SEDATU miente toda vez que contesta sus escritos al negarse a reconocer que esos predios son particulares”
Por lo anterior la firma de abogados acusó de la existencia de un “falso ideológico” y de engañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las autoridades judiciales “recursos públicos millonarios”.
