viernes, marzo 29, 2024

A paso lento el proceso de análisis de falsos culpables en el Poder Judicial, al tiempo que continúan los fraudes inmobiliarios, denuncia José Humbertus Pérez Espinoza.

La lentitud para continuar con la liberación de Personas Privadas de la Libertad (PPL), se debe a la omisión de Poder Judicial de notificar por escrito sobre la veda electoral para continuar la revisión del primer bloque que contiene la base de datos de 800 falsos culpables susceptibles de alcanzar su libertad, sentenció José Humbertus Pérez Espinoza.

El fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., explicó que en ningún momento se publicó en Gaceta de Gobierno la creación y los términos de cómo iban a entrar las solicitudes, no se les notificó sobre la veda electoral para continuar con los procesos y tampoco se conformó la comisión legislativa para el análisis de los delitos de alto impacto.

Es por ello que ahora se organizarán en cuatro bloques con 200 expedientes cada uno para hacer uso de su derecho de audiencia que atienda los primeros casos que tienen que ver con homicidio, secuestro y extorsión, a fin de que se atienda la mecánica de la presunción del delito.

Los 800 casos incluidos en el primer bloque no se resolverán en dos meses porque “incurrieron en omisión de no notificar desde el pasado 18 de abril que se presentó el primer bloque de la suspensión de análisis de los casos debido a la veda electoral y ahora tendrán que dar respuesta también al segundo bloque”, detalló.

Otra de las dificultades a las que se enfrenta Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., es a la negativa que tendrán los diputados de lo que será la 61 Legislatura para las reuniones de la comisión que se habrá de conformar para la revisión de los delitos de alto impacto, pues “si cuando Morena era mayoría no se logró avanzar, con la llegada de la oposición podría ser más difícil, pero contamos con todos los elementos para hacer que se reúnan y que se cumpla con la aplicación de la Ley de Amnistía”.

FRAUDES INMOBILIARIOS

Este martes, integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos y del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC, marcharon por el municipio de Técamac hasta llegar a los juzgados ubicados en ese municipio, para exigir se detenga el despojo ilegal de viviendas bajo el amparo de jueces corruptos; también pidieron se acelere el proceso de liberación de falsos culpables que se encuentra detenido en el Poder Judicial.

Pérez Espinoza, también presidente y representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, explicó que Desde el año 2009 el FMDVD demostró que las Hipotecarias, Sofoles, Sofomex, Patrimonio, Hipotecaria su Casita, Hipotecaria ING, Hipotecaria Ge Money, Hipotecaria Nacional Bancomer, Crédito y Casa, Metrofinanciaera, Condesa Financiera, y los fraudulentos Fideicomisos representados por Banco Santander, Invex, Monex, no podian ejecutar las garantías hipotecarias mediante los juicios ordinarios mercantiles, ejecutivos mercantiles y ordinarios civiles, en estas vías lo que reclaman son derechos y garantías personales.

No obstante, se han hecho operaciones ilÍcitas con los apoderados legales de Invex, Monex, Patrimonio y supuestos compradores de derechos litigiosos “que no son más que Invasores de viviendas, y como ‘abogados’ tenÍan conocimiento que los juicios que adquirieron no se podÍan ejecutar las garantÍas hipotecarias”.

Además, “el Juez David Velázquez Vargas y los adquirientes de los supuestos derechos litigiosos que llevaron a la ejecución de las garantías y despojaron de sus viviendas a nuestros compañeros del FMDVD, mediante simulación de actos jurídicos y utilizando el fraude procesal, deberán ser investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por las conductas desplegadas y delitos que cometieron en contra de las familias que adquirieron sus créditos hipotecarios”.

Es por ello, agregó Pérez Espinoza, que “pedimos al nuevo Juez Civil del Municipio Tecámac Jorge Flores García, que se abstenga de seguir ejecutando las hipotecas, porque él mismo puede acreditar que obran en los archivos del Juzgado de Tecámac los Amparos Directos que ha perdido ese Juzgado y las partes actoras en los juicios, en donde, nosotros les hemos ganado en los Tribunales constitucionalmente establecidos; es por eso en los próximos días presentaremos la segunda denuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que investigue la procedencia de los recursos de todas las personas que han adquirido derechos litigiosos, y despojar a cientos de familias de sus viviendas de los Conjuntos Habitacionales en el Municipio de Tecámac, concretamente pediremos que la investigación se realice en contra del Juez David Velázquez Vargas, de su Secretario Julio César Ramírez Delgado, del Ejecutor Marco Antonio Aguirre Duarte, y de los compradores de estas carteras ilícitas Blanca Estela Aguilar Jiménez, Blanca Isabel Aguilar Estada, Liliana Carrillo Ramírez y Fabián Alfredo Corso Contreras”.

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