La entidad mexiquense enfrenta un problema para atender las diversas problemáticas en las ciudades, lo que requiere cambios en la Constitución Federal, pues hoy solo considera tres órdenes de gobierno: el federal, estatal y municipal, pero no hay un régimen de gobierno de las ciudades.

El coordinador general del Secretariado Técnico para la Reforma Integral de la Constitución y el Marco Legal del Estado de México (Sectec) aseveró que las instituciones han sido incapaces de dar mejor calidad de vida a mexiquenses por eso es momento de considerar nuevas formas de gobierno en las ciudades.

Al intervenir durante la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural, Medio Ambiente y Sustentabilidad aseveró que hoy la entidad mexiquense enfrenta un problema para atender las diversas problemáticas en las ciudades, lo que requiere cambios en la Constitución Federal, pues hoy solo considera tres órdenes de gobierno: el federal, estatal y municipal, pero no hay un régimen de gobierno de las ciudades.

“Vivimos una transición, sin duda, hay debates que incomodan a algunos, ni modo, cuando hay una transición y está surgiendo algo nuevo, es como un parto de una nueva entidad, donde las instituciones han sido incapaces para conducir mejor la vida de los mexiquenses y este tema del desarrollo urbano lo muestra claramente”, apuntó Valdés.

Para esta comisión se tienen consideradas 36 iniciativas y se presentaron algunas referentes al tema del derecho a la ciudad, como la de Sharon Gómez Juárez, de la Red de Politólogas y Administradoras de la UAEM que consideró que deben existir mecanismos para integrar a la sociedad civil en el desarrollo de la administración pública estatal y municipal, mediante foros de consulta en la realización de obras y servicios públicos y que se les tome en cuenta para organizar el plan de desarrollo urbano.

De igual forma otra propuesta consideró que el estado debe garantizar el derecho a la ciudad y a uso de espacios públicos en condiciones de equidad, sustentabilidad y justicia social, con respeto a la diversidad y donde niñas, niños y adolescentes sean grupos de interés prioritario.

Durante la discusión se cuestionaron propuestas que insisten en el derecho a la ciudad, sin embargo no se plantea el mecanismo para que las autoridades lo garanticen en el Estado de México que tiene los más altos niveles de corrupción y cuya inoperatividad de la burocracia en la cuestión medio ambiental no funciona.

La parlamentaria Teresa Rosales Rubí recordó que hoy la entidad mexiquense es el mayor productor de desechos sólidos en el país, y ello debe obligar a una nueva normatividad para obligar a la separación de residuos sólidos, camiones recolectores habilitados para ello y colocar contenedores de basura en lugares estratégicos.

Sin embargo, Ángel Castillo, recordó que hoy los municipios son los responsables de la disposición final de residuos sólidos, y cuestionó a quién se le descargaría la responsabilidad de operar los contenedores en vía pública y evitar que se conviertan en focos de infección y cómo se va a sancionar a los ciudadanos que no cumplan con la separación de residuos.