Asegura CFE que no incurre en prácticas indebidas como señala el IMCO.

Hace unos días el IMCO presentó un malicioso estudio que acusa a la CFE y sus subsidiarias de distorsionar los estados financieros. Al respecto, se realizan las siguientes aclaraciones:

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se presenta como un centro de investigación en política pública, apartidista y sin fines de lucro, centrado en la promoción de la competitividad de México. Sin embargo, al analizar a sus directivos, financiamiento y posiciones, queda claro que responden a intereses más allá de lo académico.

Su Consejo Directivo está conformado por miembros de una élite firmemente posicionada, beneficiaria de privilegios que hoy se combaten. Se encuentran, por ejemplo: un ex secretario de Hacienda y un ex embajador del sexenio de Salinas; negociadores del Tratado de Libre Comercio; una funcionaria de la Secretaría de Gobernación con Vicente Fox; algunos de los empresarios más ricos del país y personajes que abiertamente se han declarado opositores al gobierno del presidente López Obrador.

La composición de dicho Consejo responde a sus fuentes de financiamiento: el Consejo Mexicano de Negocios es su principal patrocinador; también tiene apoyos internacionales como la William and Flora Hewlett Foundation y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El IMCO existe y subsiste por empresarios y actores internacionales (bajo el velo de filantropía y cooperación para el desarrollo) cuya agenda energética es afín a la apertura del sector a la iniciativa privada, en detrimento de las Empresas Productivas del Estado.

En ese sentido, el IMCO fue un activo promotor de la reforma energética de 2013, pronunciándose en sus publicaciones a favor de que los recursos naturales del país fueran explotados por inversión privada y extranjera. De tal magnitud era el interés del IMCO en la aprobación de aquella reforma que Juan Pardinas, por su entonces director y actualmente director editorial del periódico Reforma, señaló que, en aras de imponer la reforma energética, el gobierno de Peña Nieto debía actuar con contundencia, por encima de los intereses o de conflictos con la izquierda y los sindicatos. Añadía que no se le debía temer al conflicto, ya que realmente las cosas no podían cambiarse sin cierto grado de conflicto.

Por todo esto, es lógico que el IMCO se oponga a cualquier acción de rescate de la CFE. Recientemente, y con motivo de la discusión de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica impulsadas por la actual administración, participó en el Parlamento Abierto organizado por los diputados, argumentando que las reformas, además de ilegales, derivarían en energía eléctrica más cara y contaminante.

Hoy el IMCO señala airadamente que la CFE incurre en prácticas indebidas. Esto es falso. La CFE únicamente emplea instrumentos contables convencionalmente aceptados en México y a nivel internacional.

Estas operaciones no constituyen subsidios cruzados, ya que no caen en las definiciones económicas ni fiscales de estos conceptos, y en cambio son aplicaciones de mejores prácticas internacionales, descritas por ejemplo en las “Guías para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales” emitidas por el Consejo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Adicionalmente, cada año los resultados de estas operaciones y su registro son revisados y validados exhaustivamente por diversas instancias. Primero, por un Comité de Auditoría compuesto exclusivamente por los consejeros independientes de la CFE, en el cual ha participado un miembro del Consejo Directivo del IMCO y el actual coordinador de Energía del propio instituto, al haber sido asesor de los consejeros independientes.

Los Estados Financieros son también dictaminados por auditores externos y transparentados ante las autoridades fiscales y bursátiles en México y en los mercados, en los cuales la CFE es un emisor de reconocida solvencia y alto cumplimiento de estándares. La propia publicación del IMCO refiere que estas prácticas se han realizado desde el 2015, pero es hasta hoy, 6 años después, que lo señalan.

Se reitera, las afirmaciones del IMCO son mal intencionadas y forman parte del ataque permanente al que está sujeta la CFE.