Más de 63 mil mujeres mexiquenses han recurrido a los servicios de salud de la CDMX para ejercer un derecho fundamental; diversos colectivos exigen la urgente despenalización del aborto.

Por Gabriela Landetta

Entre 2010 y 2018, más de 11 mil 300 mujeres mexiquenses de entre 10 y 40  años perdieron la vida por complicaciones relacionadas con el aborto inseguro, debido a que en el Estado de México, la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación es tipificado como delito. Por eso colectivos, activistas feministas y organizaciones civiles demandan, a través de un pronunciamiento articulado de manera conjunta, atención urgente a esta problemática.

Dirigido al gobernador Alfredo del Mazo, a la titular de la Secretaría de la Mujer, al presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, Maurilio Hernández González, así como a las diputadas y diputados que integran el congreso local, el documento presentado en conferencia de prensa virtual destaca que ya es tiempo de garantizar los derechos humanos de las mujeres.

“Es momento de que el Estado de México tenga políticas públicas de avanzada y  dejemos de ser una entidad que realiza políticas gubernamentales basadas en creencias y cuestiones morales. Es momento de que las mujeres accedan a la justicia social, al ejercer sus derechos sexuales y reproductivos plenamente”.

Así lo dio a conocer Michelle Díaz de la asociación civil “Socialis”, al dar lectura al documento respectivo, a nombre del conglomerado de participantes, en el que se encuentran AMAM, Brujas de la Paz, Católicas por el Derecho a Decidir, Corazones Diversos A.C,  Las Constituyentes MX Feministas, Colectiva Mujeres Despiertas,  Colectiva Mujeres de la Sal, Colectiva Violetas en Resistencia, entre otras organizaciones.

Se menciona entonces que más de 63 mil mujeres mexiquenses han recurrido a los servicios de salud de la Ciudad de México “para ejercer un derecho fundamental que en la entidad sigue sin reconocerse”, y se destaca que solo en la CDMX junto con Hidalgo, Oaxaca y recientemente Veracruz, se garantiza a las mujeres la interrupción del embarazo ante cualquier circunstancia, hasta la semana 12 de gestación.

“En el resto del país, las causales varían de una entidad a otra”; solo la violación es la única causal autorizada en todo el territorio nacional para permitir el aborto. Sin embargo, señalan que en el Estado de México a las mujeres se les niega el ejercicio y acceso a sus derechos humanos: “enfrentamos innumerables barreras para acceder a opciones seguras para la interrupción del embarazo, debido a que las legislaciones son restrictivas”.

El pronunciamiento afirma que la aplicación de esas leyes restrictivas no evitan ni disminuyen estas prácticas, pero si obliga a las afectadas a  desplazarse a otras entidades o a recurrir a procedimientos que ponen en riesgo su salud y su vida, además de que violenta sus derechos sexuales  y reproductivos.

Se destaca además, que “el aborto es un problema de salud pública en el que convergen profundas desigualdades sociales y económicas, por lo que también es un problema de injusticia social que no se atiende de conformidad con los estándares internacionales debido a criterios meramente religiosos, y a prejuicios de género… La decisión de interrumpir un embarazo es un hecho que pone a consideración factores como las condiciones de vida  de las mujeres, la relación de pareja, las relaciones familiares, la situación económica, el plan de vida, entre otros…”

Por eso las organizaciones, colectivos y activistas que se sumaron a este pronunciamiento para que en la entidad mexiquense se legisle en favor de la despenalización del aborto, exigen que el Estado realmente sea garante de las decisiones de las mujeres en torno a su salud sexual y reproductiva: Nos manifestamos en contra de la tutela del Estado o la religión sobre nuestros cuerpos y decisiones”.

En ese contexto, la exigencia fue mayor para la Legislatura mexiquense, sobre todo para el titular de la Jucopo, Maurilio Hernández, y al grupo parlamentario de Morena para que cumplan su palabra y saquen adelante la iniciativa sobre el tema, presentada desde el 2019, “y no dejen pasar este momento histórico para dignificar su labor como legisladoras y legisladores aprobando la interrupción legal del embarazo”.