El único facultado para implementarla es el gobernador Alfredo del Mazo.

El 29 de abril, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura emitió una especie de recordatorio al gobernador Alfredo del Mazo Maza para que aplique urgentemente la Ley del Seguro de Desempleo que se aprobó desde el 2011 para situaciones extraordinarias como la que se vive en estos momentos.

En este sentido, la diputada Karina Labastida consideró que de aplicarse esta medida, se podría estar apoyando con hasta $3,696.60 mensuales a mexiquenses que hayan perdido su empleo con motivo de la pandemia, sin embargo, dejó en claro que el único facultado para implementarla es el propio ejecutivo estatal, “en donde no intervenimos diputados ni otro poder, sólo el Ejecutivo”.

Recordó que en este momento coyuntural de pandemia por Covid-19, se han perdido cerca de 346 mil 878 empleos en el país y más de 16 mil en el estado de México, entre el 13 de marzo y el 6 de abril y “no se puede negar que derivado de la pandemia por coronavirus, México atraviesa un estado de emergencia”.

Es por ello que urgió al gobernador y a la Secretaría de Finanzas a determinar los montos que se destinarán al “Seguro de Desempleo”, y emitir las reglas de operación incluidas en el Artículo 9, Fracción IV de la Ley de Seguro de Desempleo del estado de México en coordinación con la Secretaría del Trabajo.

La Ley de Seguro de Desempleo establece que pueden acceder a los beneficios del seguro, los mexiquenses que cuenten con algún régimen social, da prioridad a las personas de la Tercera Edad y con alguna discapacidad, contempla no menos de 30 salarios mínimos para el Seguro de Desempleo. Sin embargo, las personas que reciban algún programa social no podrán contar con dicho beneficio.

La diputada de Morena explica que de acuerdo al Código Financiero, hay al menos tres forma de obtener recursos en momento de emergencia o contingencia laboral: gastos de comunicación social, gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población y gastos en servicios personales, o bien “la otra es del descuento sobre nómina de 50 por ciento a empresas que tienen menos de 50 trabajadores y línea de crédito por 300 mdp a través de la Banca de Desarrollo para apoyar a empresas del estado de México”.

De hecho, el pasado 14 de mayo, el Grupo Parlamentario de Morena, gestionó con Nacional Financiera (Nafin) canalizar, con apoyo del Ejecutivo estatal, mil 500 millones de pesos (mdp) a empresas mexiquenses, con el propósito de contribuir a aliviar el grave impacto de la pandemia en la economía del Estado de México.

A través de una videoconferencia entre diputados de morena y los secretarios de Finanzas y de Desarrollo Económico del gobierno estatal, Rodrigo Jarque Lira y Enrique Jacob Rocha, respectivamente, se dejó en claro que estos recursos para apoyar la actividad económica empresarial de la entidad son adicionales a los 300 millones de pesos que Nafin ya distribuyó entre pequeñas y medianas empresas (pymes), además de otros 20 millones de pesos que el gobierno mexiquense también entregó con el mismo objetivo.

El diputado Maurilio Hernández adelantó que la gestión realizada ante Nafin incluye, en una segunda etapa, otros mil 500 mdp que, de ser autorizados, serían destinados a más empresas mexiquenses para fortalecer la recuperación económica y apoyar a la clase trabajadora.

En tanto, a través de un comunicado del gobierno estatal emitido este domingo, el Procurador de la Defensa del Trabajo, Miguel Ángel Terrón Mendoza, dio a conocer que derivado de los convenios que se han firmado durante esta emergencia sanitaria por COVID-19, se han recuperado más de 4 millones 900 mil pesos en beneficio de los trabajadores.

No obstante, las intenciones de convenios con la banca de desarrollo, la falta de liberación del seguro de desempleo en el estado de México, podría atribuirse a la declaratoria de emergencia y no de contingencia sanitaria en México, a pesar de la pandemia mundial por Covid-19.

De acuerdo a la explicación de Rogelio Martínez Santana, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, la situación económica se complica cuando el gobierno federal decide emitir una emergencia en lugar de una contingencia sanitaria, “por lo que el gobierno no asume ninguna responsabilidad con los trabajadores y entonces se vuelve una situación muy complicada”.