Sería viable la aplicación de una encuesta para conocer si las mujeres del Edoméx aprueban la Interrupción Legal del Embarazo; Maurilio Hernández.

Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, dio la cara en torno a dos temas polémicos ocurridos este martes. Por un lado justificó las acciones emprendidas en contra de las feministas que se manifestaban afuera de la Casa del Pueblo. Por el otro, explicó los factores que se tomaron en cuenta para integrar la terna de candidatos a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

En el primer tema afirmó en entrevista exclusiva con COMUNICADORESMEX que se actuó para prevenir el ingreso violento de las mujeres al recinto legislativo donde se encontraban alrededor de 300 personas entre diputados, sus asesores, y trabajadores administrativos, de intendencia y del comedor, entre otros, por lo que se tenía que resguardar su seguridad.

Señaló al respecto que las manifestantes traían consigo bombas molotov, hachas  y hasta sopletes para poder entrar por la fuerza al  interior de la Cámara, por lo que el personal de seguridad se encargó de rociar agua “para diluir toda la gasolina que ellas mismas regaron y estar humedeciendo las puertas, todo inflamable”, para evitar que éstas se incendiaran como dijo, era el propósito de las activistas.

“No hay una disposición de enfrentarlas y de no dejarlas que se acerquen, pues se acercan, no podemos nosotros tampoco violentar una situación de estas (…) Y esas  personas queriendo incendiar para poder penetrar, hacer sus destrozos (…) Somos muy respetuosos de la libertad de expresión y demás, pero también nos parece que es nuestra obligación cuidar la vida, cuidar la seguridad de todo el personal”, argumentó.

Hernández González también refirió que desde marzo pasado, cuando                                  empezaron este tipo de manifestaciones se solicitó el apoyo de la fuerza  pública para evitar este tipo de agresiones, ya que son mujeres que vienen armadas y  no hay autoridad que les diga nada. Sin embargo, pese a las solicitudes hechas, la respuesta solo fue con la policía de género para evitar que les pasara algo a las manifestantes  y solo recientemente se les mandó un grupo de la policía estatal para proteger las instalaciones.

Advirtió además que ya los comerciantes del centro histórico y los vecinos de la zona tampoco simpatizan con esas prácticas violentas, lo que a la larga  puede provocar un enfrentamiento con la propia ciudadanía, ya que los comerciantes se ven afectados por los actos vandálicos de estos grupos radicales.

Insistió entonces en que la Legislatura lo único que hizo fue proteger el edificio y que no prosperara la agresión en cuanto se pudiera incendiar, ya que pudieron resultar dañadas varias personas que estaban en el interior de la Cámara: “lógicamente el chorro de agua alcanza a los que están abajo  y si ellos llaman a eso represión,  yo creo que están en una posición muy parcial, quienes están haciendo ese tipo de calificativos”.         

Maurilio Hernández agregó: “somos respetuoso de la libertad de expresión  y de la libre manifestación, pero también quisiéramos que se entendiera que esa libertad también termina cuando se amenaza la seguridad  y la vida de las personas”.

En ese contexto dijo que bajo esas condiciones el Poder Legislativo, que en su opinión es uno de los más importantes de los tres  poderes del Estado porque es de donde emana “la normatividad que garantiza la vida y  la armonía de  la sociedad en su conjunto”,  no podía trabajar,  al estar bajo ese tipo de amenazas.                                         

“Con una presión de ese tipo y que tiene el propósito de doblegar al Poder Legislativo por un asunto que puede ser muy legítimo (…) pero para eso  estamos en un Estado de Derecho, que tiene que ver  con el diálogo, con la propuesta  y la argumentación”. Afirmó al respecto que “no hay ninguna duda sobre lo que conviene a la sociedad, que es generar las condiciones fundamentales para el respeto a los  derechos humanos de todas  y de todos los ciudadanos”.

El presidente de la Jucopo y líder del grupo parlamentario de Morena, aseguró que se analiza con toda responsabilidad este tema de la Interrupción Legal del Embarazo –que nunca mencionó por su nombre- ya que se tienen tres iniciativas al respecto: “No es un problema de género, tenemos que generar la respuesta más puntual, más eficiente, más eficaz para resolver un problema de esa magnitud…”

Destacó que se tienen que atender las causas que generan esa problemática, como: la pobreza, la marginación la falta de educación, la falta de oportunidades. “Estamos planteando propuestas de fondo, no de coyuntura (…) queremos que se resuelva este problema donde se involucren hombres y mujeres”. Al respecto no dudó en que  al parcializarlo, implique que también tenga una connotación política: “habría que buscar quién trata de aprovecharse de esta realidad”.

Dijo que si bien es un problema de salud pública y de derechos humanos, este asunto no debe ser politizado “porque tal parece que ahora, la carga de esa responsabilidad  social que tiene que ver con la falla de un sistema social, político, económico en este país, se le quiera dejar a uno de los actores que es la Legislatura…”

Señaló que por eso se ha pedido que se instale una mesa interdisciplinaria donde participen actores de los tres poderes del estado, para atender este tema, pero no se han dado todavía las condiciones adecuadas para ello. En tanto, aseguró que los diputados mexiquenses no buscan dar respuestas fáciles, sino de manera integral.

“La mayoría de los diputados del grupo parlamentario de Morena estamos en razón, precisamente, de garantizar el derecho humano de la mujer de decidir sobre su  cuerpo, a  decidir sobre su estado y que tenga las mejores condiciones de salud, de higiene, de atención médica. El tema es cómo vamos a  llegar a ese punto, que parece sencillo, pero ya estando acá, interactuando con todos los puntos de vista  y todos los intereses que se cruzan, ha generado ese retraso.”

Asimismo, consideró viable la aplicación de una encuesta entre las mujeres del estado de México para conocer su opinión sobre la despenalización del aborto y si la voluntad de la mayoría es positiva, es obligación del legislador acatar esa voluntad.

Es por eso que serán muy responsables de cómo y en qué condiciones  se deben tomar decisiones en cuanto a este tema “y una de ellas, para mí, es que salga esto totalmente blindado desde el punto de vista legal. Eso es en lo que hemos estado trabajando. De ninguna manera,  esta legislatura se ha cerrado…” reiteró.