La falta de profesionalización de integrantes de los cabildos, no permite una correcta vigilancia del uso del dinero del pueblo.

La crisis al interior del Ayuntamiento de Toluca como consecuencia de los pasivos heredados de administraciones anteriores, la falta de liquidez, pagos de salarios, laudos laborales y juicios, aunado a la caída en la recaudación provocada por la pandemia, se pudo prevenir si, entre otras cosas, la primera síndico Alma América Rivera Tavizón hubiese cumplido con las atribuciones propias de dicho puesto, señaló el cuarto regidor de Toluca, Arturo Chavarría Sánchez, quien añadió que al inicio de la administración 2019-2021 ella debió haber hecho las observaciones y las denuncias correspondientes ante la Fiscalía en cuanto obras fantasmas.

Situaciones como esta no ayudan al avance de la 4T, por lo contrario, la retrasan, pues no permiten una correcta vigilancia del uso del dinero del pueblo, apuntó.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece en su Título III Capítulo Segundo, Artículos 52 a 54, las responsabilidades y atribuciones que los síndicos tendrán dentro del Ayuntamiento.

“Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos”, refiere el artículo 52, en tanto, el artículo 53 enlista las atribuciones.

“Se requiere una persona especializada para entender la cuestión jurídica, y en el Ayuntamiento de Toluca no se tuvo la capacidad por parte de la síndico para marcar las alarmas de que íbamos en caída libre. En cambio, se dejó a la suerte, pensando que la gente iba a responder durante la pandemia para hacer los pagos correspondientes del predial o del agua. No fue así y se dejó de recaudar”, explicó Arturo Chavarría, quien comentó entonces que esto significó un duro golpe para las finanzas municipales.

Además, el edil señaló: “Como síndico, ella tiene el termómetro para medir la temperatura de las finanzas, y no hicieron nada al respecto. El primer síndico es el primero en saber cómo están los ingresos del Ayuntamiento, lo que llega de la Federación, el Estado y los ingresos propios, y tiene el deber informar”.

Asimismo, la Ley Orgánica Municipal establece que un síndico “debe procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio, representar jurídicamente a los integrantes de los Ayuntamientos, facultándolos para otorgar y revocar poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida representación jurídica correspondiente”.

En este sentido, tiene la obligación de supervisar a los representantes legales asignados por el Ayuntamiento en la correcta atención y defensa de los litigios laborales. Esto tampoco se cumplió.

Por otro lado, al no haber observaciones por parte de la primera síndico a inicios del mandato, la consecuencia es que actos de corrupción de las administraciones pasadas -María Elena Barrera, Martha Hilda González y Fernando Zamora-, quedan en la impunidad.

Chavarría Sánchez indició que, por esta omisión, la síndico Rivera Tavizón “puede incurrir en una sanción administrativa o hasta penal, porque no se puede dañar el patrimonio municipal por omisiones, como las obras fantasma que han salido a la luz, además, falta revisar los arrendamientos, mantenimientos, conservaciones, mejoramientos. Son muchos recursos que se debieron observar, porque no creo que se hayan recibido administraciones perfectas en los últimos años”.

El Cuarto Regidor añadió que, también incurren en responsabilidad quienes recibieron, autorizaron y ejecutaron recursos del municipio, como ex tesoreros, ex directores de administración, ex contralores y ex directores de obra pública.

Ahora, ante la crisis, se deja de cumplir con los compromisos y “no es justo que se le quede mal a la sociedad, al pueblo, a los proveedores, a todos los que prestan un servicio al gobierno municipal”, dijo y, sobre todo, se ha dejado de pagar en tiempo y forma a los empleados del Ayuntamiento, afectando a miles de familias.

Así, todo esto es consecuencia de que quienes ocupan esos cargos no tienen una formación profesional ni las competencias para desempeñar las atribuciones que establece la Ley para estos puestos. En el caso de la primera síndico América Rivera, en su currículum que consta en la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración, cuenta con escolaridad de Bachillerato Tecnológico en la Carrera de Técnico en Informática Administrativa.

Situaciones como estas se replican en gran parte de los municipios del Estado de México, por ello, cabe el llamado al IAPEM (Instituto de Administración Pública del Estado de México) y al Instituto Hacendario de la Secretaría de Finanzas, encargados de certificar a los servidores públicos para evitar simulaciones profesionales. El exhorto reiterado también, es para el Congreso local, a fin de que afine el capítulo de los Ayuntamientos en este sentido.