Tras las desavenencias al interior del Sol Azteca, confirman a Cristian Campuzano como presidente del PRD en tierra mexiquense.

El Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) revocó y dejó sin efecto legal la supuesta remoción y/o destitución de Cristian Campuzano Martínez como presidente de ese instituto político en el Estado de México, por lo que continuará como presidente estatal hasta agosto de 2023, es decir, corresponderá a él organizar y tomar las determinaciones relacionadas con la contienda por la gubernatura.

El organismo consideró, por mayoría de votos, irregulares, apartadas del estatuto y, por tanto, nulas, las asambleas realizadas por más de una centena de consejeros estatales para celebrar el tercero y cuarto plenos, los días 23 de julio y seis de agosto, respectivamente, en que además se encomendó temporalmente la dirigencia a Javier Rivera, el secretario general; se designó al exdiputado y exalcalde Tomás Octaviano Félix como secretario de Comunicación en sustitución de la diputada local electa Elida Castelán; y a Claudia Bautista Villavicencio para que supla a Viridiana Fuentes, también legisladora electa, en la Secretaría de Equidad de Género y Agendas Políticas.

Las convocatorias, aclaró, no pueden ser emitidas por integrantes del propio Consejo, sino por la mesa directiva o la Dirección Estatal Ejecutiva, mientras en esos plenos sólo participó el presidente de la mesa directiva, Federico Aguilar, de tal manera que los actos se encuentran viciados de nulidad.

Por tanto, se atribuyen las conductas anómalas a Aguilar García, Rivera Escalona, Gloria Vanessa Linares Zetina y Omar Ortega, coordinador de los diputados locales, al tratar de asumir facultades que estatutariamente no tienen conferidas y promover esas reuniones.

El documento también deja en claro que los estatutos disponen que dentro del sol azteca quedó extinto cualquier método de control y representación derivado del conjunto de personas afiliadas que se agrupen en torno a un mismo ideario y concepto que vaya en contra de las disposiciones establecidas en la norma partidaria.