Por la manifestación que realizaron integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos afuera del penal de Chiconautla, directivos de ese Centro penitenciario se desquitaron con los internos.

Afuera del penal de Chiconautla, familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) exigían frenar los agravios en contra de los internos y detener el traslado irregular de reos a otros centros penitenciarios.

Al mismo tiempo, pero adentro del propio penal, los directivos y custodios desquitaban su enojo con los reos a quienes insultaban y pasaban de un módulo a otro: “andan bien emputa%&$$, yo creo que por el desmadre de allá afuera con el Humbertus y si alguien se pone pesado les dan en su madre”, detallaba un interno que tuvo acceso a su derecho de comunicación vía telefónica con su familia.

“A mi no me hicieron nada, yo estoy bien, pero quien traía gorra y ropa de color y así, se la quitaban a punta de madrazos y andaban bien ojeis porque vinieron a decirle de mama@#&% al director”.

Esto sólo es el reflejo de la impunidad con que se manejan adentro de los mal llamados Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, en los que, como en reiteradas veces han manifestado los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., se cometen los más horrendos atentados a los derechos humanos auspiciados por los mismos directivos.

La concentración de familiares de internos afuera del penal de Chiconautla realizada el pasado miércoles, fue precisamente para denunciar “toda esta estructura de corrupción en el Sistema Penitenciario que es piramidal, cuyos responsables directos son el secretario de Seguridad Rodrigo Martínez Celis, del subsecretario de Control Penitenciario Manuel Palma Rangel y del director general de los Penales, Jaime Echartea Mojica”.

La denuncia abierta y las imputaciones directas contra los responsables de violentar los derechos de internos, provocó como represalia el traslado a otros penales de Alberto Vázquez Guzmán, Jorge Iván Contreras Ruíz, José Reynaldo Vences López, José Eduardo Maldonado Esqueda, Jorge Luis España Castellanos y César Antonio Arriaga Gutiérrez. Sus familiares exigen que sean regresados al penal de Chiconautla, ubicado en Ecatepec, toda vez que no fueron notificados con anticipación de su cambio y por ello hay una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

El propio José Humbertus ha lamentado en reiteradas ocasiones que Presunción de Inocencia se haya convertido en el punto incómodo de las autoridades penitenciarias, sólo por el hecho de representar a decenas de familiares que han visto pisoteados sus derechos y de los internos.

Más aun, el enojo ha ido en aumento por exigir los beneficios de la Ley de Amnistía a la que ya tienen más que derecho miles de falsos culpables.

Mientras afuera de los penales, las familias de la PPL se organizan para la defensa y armado de las solicitudes de amnistía a la que tienen derecho, adentro de los penales impera la impunidad y la desfachatez, a pesar del exhorto vigente que dirigió la LX Legislatura al titular de la Secretaría de Seguridad para que se lleven a cabo las acciones pertinentes para eliminar esas prácticas que se han incrementado a partir de que se aprobó y entró en vigor la Ley de Amnistía del Estado de México.