viernes, marzo 29, 2024

Hay grupos que desconectan a las comunidades, sustraen el agua y venden el líquido.

Diputadas y diputados de Ecatepec presentaron una iniciativa para penalizar con hasta ocho años de cárcel, el robo y sustracción de agua de la infraestructura hidráulica del Estado de México y de los Municipios, pues tan solo en Ecatepec, cientos de miles de personas carecen de agua en sus domicilios y se sustrae líquido de manera ilegal.

La iniciativa fue presentada por Elba Aldana Duarte, Azucena Cisneros Coss, LuzMa Hernández Bermúdez, Daniel Sibaja González y Faustino De la Cruz Pérez, pues en Ecatepec la gente enfrenta desde hace años una severa escasez en sus hogares y cuentan con servicio de manera intermitente, por diversos factores entre ellos la instalación de tomas clandestinas de agua en las redes, para sustraer el líquido de manera ilegal y hacer negocio con la misma.

“Se ha detectado que personas están lucrando con este vital líquido mediante el desarrollo de tomas clandestinas y con ello desarrollan acciones de extracción del agua potable, lo que de alguna manera ocasiona que el caudal de agua disminuya y no llegue a las viviendas que cuentan con sus tomas domiciliarias, afectando enormemente su derecho al servicio y goce de agua potable”, explicó el diputado Daniel Sibaja al explicar la iniciativa.

Precisó que este fenómeno se registra principalmente en Ecatepec, Naucalpan y Tlanepantla, donde se agrava por casos de negocios como autolavados, purificadoras de agua, hoteles e industrias que realizan tomas clandestinas de agua para incrementar su caudal sin hacer el pago correspondiente, adicionalmente a la presencia de grupos que por la fuerza desconectan las tuberías para dejar sin agua a las comunidades, sustraen el líquido y lo venden a las familias.

Sin embargo, Sibaja lamentó que hoy la normatividad para sancionar la sustracción de agua es muy laxa, y actualmente es muy complicado castigarla, por ello realizaron mesas de trabajo con la Fiscalía General para enriquecer la propuesta en busca de una ley efectiva.

La propuesta plantea reformas al Código Penal del Estado de México para sancionar al que sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 50 a 200 días multa.

A quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal y/o municipal, para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios conforme a la ley en materia del Estado, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 500 días de multa.

También se establecen sanciones a quien tome, almacene, o transporte, agua sustraída de la infraestructura hidráulica estatal y/o municipal. Las penas irán de 1 hasta 8 años de prisión, y de 100 a 400 días multa, en función del volumen de agua sustraída y/o transportada o distribuida.

Al propietario, arrendatario, poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una toma clandestina en los términos del artículo anterior y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes, se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 150 a 300 días de multa.

La iniciativa fue canalizada para su análisis y dictaminación a las comisiones de Procuración  y Administración de Justicia, y la de Recursos Hidráulicos.

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