viernes, marzo 29, 2024

El CDHZL urge a revisar la situación que guarda la activista sentenciada a 10 años de cárcel por supuesto robo.

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y una decena de organizaciones más, urgieron al gobierno federal a convocar a una mesa de diálogo para hablar sobre la situación de la activista Kenia Inés Hernández Montalván.

“Es impostergable hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre la situación de Kenia Hernández, porque se comete violación atroz a los derechos de la sociedad”, dijo el abogado del colectivo José Antonio Lara Duque.

Explicó, también, que la defensora de los derechos humanos, Kenia Hernández fue arrestada y sentenciada a 10 años de prisión tras por un supuesto delito de “robo con violencia”, luego de registrarse una manifestación que se llevó a cabo en 2020, en las inmediaciones de la autopista Toluca–Zitácuaro.

Resaltó que la detenida fue condenada a pena de cárcel durante la audiencia de ratificación de sentencia, la que se registró de manera virtual desde un penal del estado de Morelos donde se encuentra recluida.

Ese día, el pasado 20 de febrero, se llevó a cabo la audiencia, en donde un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) ratificó la sentencia condenatoria a la activista, tras, según su apreciación, se comprobó una supuesta responsabilidad de robo con violencia en agravio a la empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses SA de CV.

Cabe mencionar que en diciembre de 2021, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) acompañó al senador Emilio Álvarez Icaza a una visita a la activista Hernández Montalván, para supervisar su estado salud, quien se encuentra privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Morelos.

Hernández Montalván decidió someterse a huelga de hambre hace más de 50 días como medida de protesta para exigir su libertad inmediata al presidente López Obrador, quien, a decir de la defensora de los derechos humanos, está privada de su libertad de manera injusta.

Ante esta circunstancia, los diferentes grupos de la sociedad civil reconocemos la trascendencia de la pública de la activista, por lo que no sólo descartamos acciones ilícitas de Kenia Inés, sino, reconocemos que estas acciones son emitidas desde el Estado mexicano para recriminar la protesta social y la defensa de los derechos humanos.

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