jueves, marzo 28, 2024

Durante los siete años (2009-2016) que estuvo como titular de la Subprocuraduría General de Justicia en Tlalnepantla, José Luís Cervantes Martínez fue partícipe de cómo los MP, policías ministeriales y peritos de la FGJEM no fueron certificados.

Por José Humbertus Pérez Espinoza

El fantasma de la corrupción sigue recorriendo el Estado de México, la verdad ¿cuánto miedo tienen los responsables de haber llevado a miles de falsos culpables a prisión siendo inocentes por delitos de alto impacto que no cometieron?, la mancuerna entre el Senador Eruviel Ávila Villegas y el Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, está jugando con sus peones para volver apoderarse de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Ahora proponen al Magistrado José Luis Cervantes Martínez para convertirse en el próximo titular de la FGJEM, quién sin tener o contar con la carrera judicial fue nombrado el 7 de junio de 2016 Magistrado de cuota, de la designación del dedazo por el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia Sergio Javier Medina Peñaloza, mediante el oficio número 00003527 con fecha 07 de junio de 20016 envió a la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, presidenta de la Diputación permanente de la LIX Legislatura del Estado de México, en donde Medina Peñaloza le “solicitaba” (le ordenaba por instrucciones del gobernador Eruviel Ávila Villegas) la aprobación de nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, claro encabezando la listas el ex procurador de justicia del Estado de México en Tlalnepantla José Luís Cervantes Martínez.

La candidatura del Magistrado José Luís Cervantes Martínez no es algo menor, estamos hablando de un aspirante a la titularidad de la FGJEM vinculado al PRI, quién el 4 de agosto de 2009 fue nombrado por el entonces Procurador Alberto Bazbaz Sacal como subprocurador general de justicia en Tlalnepantla, a petición del ex gobernador Enrique Peña Nieto.

Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) A.C., en sus comunicados anteriores ha cuestionado que burócratas de la procuración y administración de justicia sean nombrados como titulares de FGJEM, en virtud de que los aspirantes pesan sobre sus espaldas la corrupción y el desvío de más de $7 mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y lo más grave, la violación de los derechos humanos de miles de personas que en el Estado de México fueron detenidos de manera arbitraria para fabricarles delitos de alto impacto.

En el caso particular del Magistrado José Luís Cervantes Martínez, durante los siete años (2009-2016) que estuvo como titular de la Subprocuraduría General de Justicia en Tlalnepantla, fue partícipe de cómo los ministerios públicos, policías ministeriales y peritos de la FGJEM no fueron certificados como lo estableció el constituyente permanente en artículo 21, inciso a) y b) de la Carta Magna, incluso su responsabilidad administrativa y penal lo invalida de ser nombrado el próximo Fiscal Justicia del Estado de México.

PIDH le ganó como recurrente en el recurso revisión número 03448/INFOEM/IP/RR/2016   y Acumulados al Sujeto Obligado Procuraduría General de Justicia del Estado de México, siendo el Comisionado ponente José Guadalupe Luna Hernández del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en donde los Comisionados por unanimidad de votos, la sala colegiada resolvió entre otras cosas lo siguiente:

  1. Por ello, se advierte que los plazos establecidos en los transitorios, a la fecha en la que se resuelve el presente recurso han fenecido y que existen disposiciones específicas que indican que el Servicio de Carrera debió ser implementado en cada Entidad Federativa, emitiendo, para el caso en particular, la normatividad en la materia y así mismo, someter a sus integrantes a los procedimientos señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que cuenten con el certificado que señala el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es necesario para permanecer en el servicio. (ver página 50)
  2. Así, de la interpretación sistemática a los preceptos legales citados, se obtiene que el Certificado tiene por objeto acreditar que el servidor público, es apto para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública, que cuenta con los conocimientos, el perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo, así como la ausencia de vínculos con organizaciones delictivas.
  3. Conviene subrayar que la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones de seguridad pública, se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza de esta entidad federativa, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. (Ver página 55)
  4. A contrario sensu, el permitir el acceso a documentos como lo son certificaciones obtenidas por este tipo de servidores públicos “ministerios públicos y peritos” que son fundamentales para la investigación de los delitos, causaría certeza y confianza a la ciudadanía, pues es de interés público y colectivo, conocer los documentos que certifican el grado de idoneidad que tiene cada persona que desarrolla dicho cargo y que actualiza con legalidad y honestidad. (Ver página 61).

La candidatura del Magistrado José Luís Cervantes Martínez contraviene a las disposiciones establecidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), concretamente el informe titulado: “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas”, publicado el 5 de diciembre de 2013.  

Cabe señalar que cuando se desempeñó como titular de  la Subprocuraduría General de Justicia en Tlalnepantla, Estado de México, (el hoy magistrado y candidato a ocupar la Fiscalía General del Estado de México) José Luís Cervantes Martínez, no se condujo con autonomía en las investigaciones y mucho menos como Magistrados en las resoluciones en los recursos de apelación, ya que en la mayoría de sus determinaciones con sólo indicios y no con pruebas por falta de investigación complementaria o judicializada, ratificaba los delitos de alto impacto de inocentes a quienes se les fabricaban los delitos.

 Y máxime por ser un Magistrado de cuota nombrado por el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien ordenaba que los “delitos de Alto Impacto” se ratificaran en los Recursos de Apelación, no importando la inocencia de los acusados, su nombramiento no garantiza la autonomía y la división de poderes como lo establece el informe antes citado de la CIDH y que a la letra señala lo siguiente:

“36. Al respecto, el derecho internacional se ha referido a la importancia de que las investigaciones y, a un nivel más amplio, las actividades relacionadas con la persecución del delito, sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito. La Corte Interamericana ha destacado la importancia de que las investigaciones de violaciones de derechos humanos, además de inmediatas y exhaustivas, sean independientes e imparciales…”

Es muy delicado que el Poder Judicial del Estado de México tenga un interés supremo para imponer al Magistrado José Luís Cervantes Martínez; de lograse esta imposición un Poder del Estado de México se sobrepondría a la Fiscalía, el resultado sería dar muerte a la Ley de Amnistía del Estado de México y la fabricación de los delitos sería interminable.

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