En Edomex hay una población de al menos 2.7 millones de personas con discapacidad.

La diputada Rosa María Zetina González, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones para que se incorpore la perspectiva de discapacidad en los distintos procedimientos y procesos de las autoridades estatales y municipales del Estado de México, y deje de darse solo un trato asistencialista a este sector, e impulsar su desarrollo, inclusión y respeto a derechos humanos.

Desde la tribuna, la legisladora de Morena planteó reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México, a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; y al Código Financiero del Estado de México.

Recordó que de acuerdo a estadísticas del INEGI del 2021, en el Estado de México, existe una población de 2, 786, 679 personas con discapacidad lo cual equivale al 16.4 por ciento de la población en la entidad, y de la cual, el 53.3 por ciento son mujeres y 46.7 por ciento son hombres, siendo las mujeres un grupo doblemente vulnerado por su situación de discapacidad y por razones de género.

“A lo largo de la historia, se ha concebido a las personas con discapacidad desde el déficit y las limitaciones funcionales, se les ha considerado como incapaces de valerse por sí mismas y como una carga para su familia y la sociedad. La discapacidad ha sido colectivamente estigmatizada como un problema individual o una enfermedad que debe ser curada para que las personas estén en condiciones de ser integradas a la sociedad”.

Zetina lamentó que por considerar que no alcanzan el estándar de “normalidad” o funcionalidad exigido por la misma comunidad, se les convierte en objetos de caridad y se les incluye como beneficiarias de políticas públicas asistencialistas, en las que se les asigna un rol pasivo.

En ese sentido, la propuesta busca que el estado adopte y desarrolle políticas de no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad específicamente, así como a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que puedan hacer valer sus derechos, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria.

“El objetivo principal de este instrumento jurídico internacional es cambiar el paradigma del trato asistencialista a las personas con discapacidad, permitiendo que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, tanto exigiendo sus derechos como cumpliendo sus obligaciones como parte de la sociedad”.

Sostuvo que la Legislatura tiene el deber de impulsar desde la normativa, el cambio del paradigma médico asistencialista y de protección, por el modelo social y de derechos humanos reconocido por los instrumentos internacionales y el impulso de los luchadores sociales que demandan trasformar el sistema de gobierno bajo una perspectiva de discapacidad.