Para Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, el balance de la Ley de Amnistía es “favorable”.
Por Eduardo Alonso
El 5 de marzo de 2021 se publicaron los lineamientos de la Ley de Amnistía y con ello su operatividad en el Estado de México, trece meses después se tiene un registro de 4 mil 832 solicitudes de las cuales 2 mil 384 se otorgaron a igual número de personas, entre las cuales están 134 mujeres, que lograron extinguir la acción penal en su contra y con ello abandonar la cárcel donde venían cumpliendo su sentencia y/o estaban enfrentando su proceso penal por el delito de robo en todas sus modalidades en la mayoría de los casos.
En el marco del Foro “Análisis de Amnistía en el Estado de México” al que acudieron los titulares de áreas estatales competentes y operativas en el tema, así como representantes del sector privado, titulares de organizaciones no gubernamentales como “Presunción de Inocencia” y “Observatorio de Amnistía”, diputados locales, entre otros, se precisó que 2 mil 834 de las solicitudes fueron presentadas por defensores, mil 793 por la Persona Privada de la Libertad (PPL), 139 por familiares de los internos y 66 por organizaciones u organismos públicos.
Para Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, el balance de la Ley de Amnistía es “favorable”, ya que a través de las preliberaciones y amnistías se logró que alrededor de 4 mil personas obtengan su libertad.
Lo anterior permitió, entre otros factores, a que la presión por la sobrepoblación de 34 mil internos que hay en las cárceles estatales, disminuyera en alguna medida.
Al tomar la palabra Sergio García Sosa, legislador local y Presidente de la Comisión Especial en materia de Amnistía de la 61 Legislatura, aclaró que el Poder Legislativo no es la instancia que otorga las amnistías, pero sí la que establece las principales vertientes legales que permiten la liberación de las y los PPL que cumplan con determinados parámetros para ser sujetos a dicha Ley.
En su intervención José Humbertus Pérez Espinosa, presidente de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) AC, recordó que a él la Fiscalía estatal le fabricó cuatro carpetas de investigación, pero logró salir adelante como cientos de personas que fueron sentenciadas y/o enfrentan procesos penales que les fueron fabricados.
Consideró que la revisión de las solicitudes de amnistía debe realizarse por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Al tomar la palabra Lady Plácido Arroyo del Colectivo “Haz valer mi libertad”, exigió a los operadores del “sistema de impartición de justicia estatal”, no seguir castigando el color de piel morena, condición económica-pobreza e ignorancia en materia jurídica, ya que la gran mayoría de las perdonas a las que se les inventaron delitos y hoy buscan acogerse a la Ley de Amnistía para poder salir de la cárcel, tienen como denominador común esas características.
Al respecto Ariel Juárez, diputado local y presidente de la comisión Especial de Sistema Penitenciario en el Congreso mexiquense, sostuvo que un parte del sistema de impartición de justicia del Estado de México se opera con actos de corrupción y múltiples irregularidades que afectan todos los días tanto a las Personas Privadas de su Libertad (PPL) como a sus familiares.
Sodi Cuellar consideró que para que la Ley de Amnistía tenga una intensa operatividad se requieren parámetros para poder jerarquizar amnistías en “delitos de alto impacto, a partir de la construcción de categorías sospechosas, como sexo, edad y condición social.
Lo anterior, consideró, permitirá determinar los casos para otorgar amnistía, y hacer juzgamientos con un escrutinio estricto.
Planteamiento que empató con lo planteado por Myrna García Morón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Sodi Cuellar también se pronunció a favor de reformar el Código Penal estatal para disminuir el número de conductas delictivas y así castigar de forma penal (privando de su libertad) a personas que cometan delitos graves y las conductas que queden fuera del Código se les imponga otros tipo de sanciones.
Para Odilón López Nava, titular de Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México, la Ley de Amnistía no debe olvidar a las víctimas de las conductas que en su momento habrían cometido algunos de los beneficiarios de los esquemas de preliberación y amnistías, ya que en los Foros realizados sobre dichos temas nunca se observa a las persona que fueron afectadas por alguna conducta delictiva.
Es de destacar que ninguno de los participantes del aparato gubernamental realizó algún tipo de autocrítica respecto a que el gran número de solicitudes de amnistía obedece a que en su momento les fueron fabricados los delitos y/o violentaron sus derechos humanos de los imputados y sentenciados.
