Prevalece desaliento y resignación entre comunidad estudiantil y docente ante influencias de la rectora Cristina Manzur Quiroga, quien arrecia intimidaciones y acoso luego del paro estudiantil. La mesa de diálogo fue burdo tinglado institucional.
Por Maracecilia Rodríguez
La impunidad llego para quedarse en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca; pues como es su costumbre, la rectora Cristina Manzur Quiroga arreció su hostigamiento y amenazas, luego del paro estudiantil realizado el primer día de junio de este año, donde los alumnos exigieron su renuncia o destitución, a cambio recibieron amenazas e intimidaciones de todo tipo, a pesar de darse a conocer y demostrar públicamente parte de los actos de corrupción y diversas irregularidades al interior de esta institución educativa, dependiente del gobierno del estado de México.
No es extraño, indicaron integrantes del Comité Estudiantil de Difusión de la UPVT, quienes a través de redes sociales convocaron al paro que casi resultaba una acción fallida, pero es tanto el hartazgo alcanzado, que pese a las acciones de intimidación, así como los diversos intentos de represión, alumnos de todas las divisiones se manifestaron dentro y fuera del plantel, incluso cerraron parcialmente el camino hacia Almoloya de Juárez, con el propósito de llamar a la acción, al día siguiente salieron notas en bastantes medios, curiosamente no hubo “seguimiento” y aunque los periodistas ofrecieron acompañarlos al día siguiente en la “mesa de diálogo” apenas llego un par de reporteros.
Previamente este Comité recibió virtualmente el apoyo de comunidad estudiantil de otros planteles y estados; en particular resaltó el posicionamiento de la Organización de Estudiantes de Derecho de la UAEMex, quienes recordaron en su escrito para esta ocasión, antecedentes oprobiosos de Cristina Manzur Quiroga, quien pese a su cargo de rectora en un plantel del gobierno estatal, se mantuvo cobrando por varios años como catedrática de la UAEMex. Además, expusieron sobre extensa lista de irregularidades y anomalías en los diversos cargos, incrementadas considerablemente desde su llega a UPVT.
En su comunicado ofrecieron argumentos sólidos respecto a su decisión de apoyo otorgado a los compañeros en cuanto a su petición de renuncia de la rectora: “por NO REPRESENTAR LOS INTERESES COLECTIVOS de la comunidad estudiantil y servir como un brazo de represión social al servicio del gobierno mexiquense al cual pertenece ella y parte de su familia; posición de la que se sirven para beneficio personal sin haber demostrado en ningún momento interés por servir a su pueblo y en cambio sí, llenarse los bolsillos de dinero. NO OLVIDAMOS LA REPRESIÓN EN SU ADMINISTRACIÓN, DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UAEMEX y por eso EXIGIMOS a las autoridades universitarias se tomen cartas en el asunto. NO OLVIDAMOS”.
Sin embargo, consideran los estudiantes, todas sus acciones y pronunciamientos resultarán infructuosos, y hasta de alto riesgo para muchos, pues al día siguiente orquestaron un burdo “Teatro Institucional” con el supuesto diálogo entre estudiantes y autoridades del gobierno del estado, donde participaron personal administrativo y docente, por supuesto la presencia de la rectora; en paralelo, alumnos de las diversas carreras que ofrece esta Universidad recibían amenazas directas e indirectas, comprometiéndoles sus calificaciones o permanencia en la matricula, esto desanimo a quienes un día antes apoyaron y se sumaron al paro estudiantil.
Los primeros en desertar del paro y dialogo fueron los de la Carrera de Mecatrónica, en particular del último semestre, pues la Directora de División, a través del maestro Jorge Monroy Claudio y Ernestina Imelda Vargas Gutiérrez los amenazaron, prohibiéndoles acudir a la mesa de diálogo, cabe agregar, ambos maestros han sido favorecidos con diversas canonjías, es de todos sabidos sus actividades de “espionaje” para la rectora, así como sucede con otros empleados llegados en la administración de Manzur Quiroga, quienes en puestos menores, reciben sueldos onerosos, por ejemplo las secretarias contratadas por ella, quienes cobran a la par de un maestro de tiempo completo, en tanto las empleadas de más años, realizan eficiente labor porque conocen todo el funcionamiento del plantel, pero reciben sueldos mucho menores, a pesar de tener toda la carga de trabajo.
Con igual y hasta mayores privilegios se distingue la encargada del laboratorio, Ana Karen, quien se ufana de ser muy cercana a la rectora, tanto así que aún con faltas frecuentes a su labor, mantiene el puesto con un sueldo superior a los 20 mil pesos mensuales, ella ha sido señalada por los alumnos por su incapacidad para impartir las clases correspondientes, presenta constantes permisos por “enfermedad”, desde esguinces hasta operaciones quirúrgicas, y toda gama de “padecimientos”, pero cuando esta “buena y sana” para acudir a sus labores, llega en actitud prepotente y autoritaria, mientras María Albino, laboratorista de planta hace todo el trabajo por un sueldo mucho menor.
Casos similares de salarios desiguales se anotan en todas las divisiones, y en el aspecto administrativo los problemas se incrementan con esquemas burocráticos excesivos que atrasan los trámites de titulación por ejemplo, obtener sus calificaciones, y más allá, se han perdido convenios con empresas para servicio social, estancias, estadías para los estudiantes próximos a egresar; por el lado docente igualmente hay muchos obstáculos, uno de ellos es posibilitarles su ingreso y permanencia al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT (SNI), pues los directivos de la UPVT tienen la responsabilidad de apoyar a sus docentes para estar en este listado de excelencia.
En este sentido es de lamentarse la pérdida de profesores altamente calificados, con doctorados realizados en el extranjero, quienes formaban parte de la UPVT, pero por capricho, indolencia y poca visión de la rectora, dejaron su empleo en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, para recuperar su registro en el SNI, mientras la plantilla laboral se llenó de improvisados y profesionistas de bajos o nulos perfiles para ocupar cargos que exigen mayor preparación, sin faltar por supuesto los infaltables “aviadores”.
Por otra parte varios alumnos refirieren su temor ante las represalias, y amenazas, pues desde la llegada de esta rectora, se dio la “persecución” y expulsiones contra muchos estudiantes que se atrevieron a exigir respeto a sus derechos, anotándose por ejemplo el rechazo a revisiones extremas de sus mochilas, o cajuelas de vehículos, y así, una vasta lista de pretextos, por mínimo que sean, afectándoles significativamente en sus calificaciones, por ello, consideran conveniente elaborar una lista de los participantes en este paro, para dar seguimiento a su permanencia en la matrícula, pues con toda seguridad que bajara de manera significativa, lo que ya es una constante en al UPVT que llego a tener más de 4 mil 500 alumnos y ahora quizás no rebase los tres mil.
Sin embargo, el desaliento los atrapo ahora, pues durante un acercamiento con los docentes, quienes de manera discreta les manifestaron su respaldo en esta lucha, confirmaron el “influyentismo” de la rectora Cristina Manzur Quiroga, quien ha sido denunciada ante múltiples instancias desde el 2018, por incontables abusos e injusticias contra los profesores y personal administrativo de la UPVT; estas acciones a resultas, han lesionado de manera importante la calidad educativa y por ende han disminuido en demasiada el nivel de formación profesional del estudiantado.
Al paso de los meses, Cristina Manzur Quiroga ha convertido el plantel en una “bolsa de trabajo” para atender compromisos familiares y políticos, inventando nuevos cargos, y orquestando con argucias diversas el despido masivo, para tener plazas suficientes donde se anotan nombres de sus incondicionales con sueldos desproporcionados, entre muchas otras irregularidades, como la contratación de personal con “doctorados y maestrías patito”, quienes se han contagiado del “síndrome Manzur Quiroga” expresaron, como Laura Manzano Salinas, subdirectora de Servicios Escolares, quien exige en demasiada a profesores y alumnos para el tema de calificaciones, pero para el proceso de inscripción y registro la lentitud es desesperante y su actitud es grosera y prepotente.
Con estos datos y documentos, donde solo se reflejan el alto grado de influencias de la rectora, bastantes alumnos desistieron de seguir enfrentándose a Cristina Manzur Quiroga quien ha expresado que así muevan “cielo, mar y tierra” ella permanecerá en su puesto. Ante esta realidad innegable, integrantes del Comité Estudiantil de Difusión UPVT lamentaron la situación, resignados a soportar y sufrir las consecuencias de la mala administración que va más allá, con hostigamiento y amenazas de parte de la rectora respaldada desde las más altas esferas de gobierno, según se aprecia.
Los docentes no pudieron participar abiertamente en este paro, pues tienen su propia lucha y procesos contra la rectora, prácticamente desde su llegada en el 2018, cuando emprendieron acciones legales de diversa índole contra Silvia Cristina Manzur Quiroga, y en este ámbito, dijeron, también prevalece la impunidad para ellos, quienes enfrentan acoso y hostigamiento laboral, el resultado es la disminución considerable de la plantilla de docentes calificados, despedidos injustamente para dar sus plazas a personal sin perfil ni capacitación suficiente, pero con afinidad y simpatía hacia ellos de parte de la rectora.
Muchos de estos profesores perjudicados eran parte del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos, SUTAYA, conformado por al menos 250 personas, hasta el 2018 cuando fue nombrada la actual Rectora, y empezó el gradual desmantelamiento del sindicato por las argucias de Manzur Quiroga; a la fecha quedan menos de 50 sindicalizados en resistencia, pero no será ya por mucho tiempo, pues la intención de la influyente mujer es desintegrar este pequeño sindicato a costa de o que sea.
Esta es la otra cara de la impunidad de la cual goza Cristina Manzur Quiroga, quien ha sido denunciada de manera recurrente pero sin resultado alguno. Una de esas denuncias se presentó ante la Fiscalía de Justicia del estado de México el 19 de noviembre del 2019, donde se menciona también como parte instigadora y acosadora a Trinidad Pérez Maris, Directora de la División de Ingeniería Industrial e ingeniería en energía; al Jefe de Departamento de Recursos Materiales, Saúl González San Juan, además de Gabriela Avilés Olivares, jefa de Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación; además de Alberto SantaMaría Ramírez, Contralor interno.
Igualmente en esta denuncia de hechos se anotan como hostigadores: Alfredo Rodríguez Pérez, director de Administración y Finanzas; Diana Palacio Valdez, entre muchos otros trabajadores de confianza y muy allegados a la rectora, quienes la han ayudado para presionar a los maestros y trabajadores sindicalizados a firmar decenas de renuncias mediante coacción y amenazas, para lograrlo, cuando se reunía el comité sindical propiciaban las peores condiciones, incluso les quitaron la oficina, solicitando presencia de policías con patrullas frente al plantel, cuando llamaban a reunión a los agremiados, esto en claro mensaje y modo de intimidación.
Esta denuncia de hechos se interpuso luego de solicitar apoyo al propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante un escrito enviado el 5 de octubre del 2019, solicitándole “apoyo y justicia laboral”, exponiéndole las diversas irregularidades y el despido masivo de profesores y personal administrativo, todos ellos agremiados del SUTAYA; quienes sufrieron acciones injustificadas y despidos sin las indemnizaciones marcadas por ley, mientras los pocos docentes sindicalizados, quienes lograron salvar su puesto, les han negado salarios acordes a su preparación, pues no cuentan con un tabulador adecuado y esto permite el beneficio económico para los contratados por la rectora.
Tampoco gozan de libre cátedra, son revisados y requeridos constantemente por situaciones banales y exigencias absurdas que difícilmente pueden completar los maestros, sumándoles a sus horas clases una carga de trabajo administrativa que no les corresponde y por ende merma de manera considerable su eficiencia académica, además de negarles la certeza laboral, pues hay profesores quienes llevan hasta 10 años renovando su contrato cada 4 meses.
Este documento firmado por todo el comité directivo del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos dirigido al presidente de México fue “bateado” también burocráticamente, solo obtuvieron respuestas ambiguas de “canalización” y un número de identificación a la queja, con el folio 20191010VEG0U2. Lo mismo ha ocurrido con muchos otros oficios enviados a diversas instancias, como el del 20 de enero del 2020 dirigido al Secretario de Educación del estado de México M.A. Alejandro Fernández Campillo, solicitándole su intervención para “revisar y de ser necesario sancionar la irregularidades e injusticias laborales cometidas con los docentes sindicalizados; a este escrito y otro similar enviado el 30 de enero del mismo año recibieron respuesta hasta el 4 de noviembre del 2020, esto es ¡DIEZ MESES DESPUÉS!.
Tal “respuesta”, que no solución, fue registrada con el folio 21013001L/771/2020, dirigida al Secretario General del SUTAYA, Ángel Velázquez González, a quien le informan: “se han instrumentado una serie de acciones para resolver las supuestas problemáticas dentro del organismo, llevando a cabo algunas investigaciones dentro del mismo”, el documento lleva firma del director general Dr. Ernesto M. Rivas Rivas, emitiéndose copia para el Subdelegado Federal de la SEP en la entidad, Víctor Manuel Soto Torres, pero nunca se reflejó el resultado de tales acciones, que igualmente no fueron apreciadas en el plantel.
Estos esfuerzos de solicitar atención a las instancias correspondientes, realizadas por el comité sindical, se dieron también de manera individual por los muchos afectados, como el M. en E. Gildardo Morales Reza, profesor de tiempo completo de la UPVT, quien dirigió el 16 de octubre del 2019 un escrito a la rectora Silvia Cristina Manzur Quiroga, emitiéndoles copia del mismo al Secretario de Educación del estado, el Secretario General del SUTAYA, al Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaria de Educación y otros funcionaros más de la UPVT.
En este escrito el profesor Morales Reza pide a la Rectora le notifiquen por escrito el aviso verbal realizado por la maestra Miriam Ivonne Maldonado Rosales, quien le informa que no tendrán ya horas clases, y fue presionado e intimidado de diversas formas para firmar posteriormente una “renuncia”, junto con el profesor José Eduardo Almazán Mercado, ambos intimidados directamente por la Rectora. Situación similar y tanto peor sufrieron muchos más docentes y empleados quienes completaron la inusitada “renuncia masiva” con más de un centenar de personas, algunas de las cuales recibieron ridículos finiquitos de menos de 30 pesos.
Por estas situaciones los profesores afectados con estos avisos verbales de despido enviaron el 3 de diciembre del 2019 un escrito a la subprocuradora de la defensa del Trabajo, zona nororiente, Araceli Balderas Gómez, a quien le exponen la irregular e injusta situación contra los profesores de tiempo completo de la UPVT, negándoles los beneficios de su contrato colectivo de trabajo, obligándolos a firmar un contrato laboral individual, con mediación de los directores de carrera en una función que no les corresponde, pero a decir de ellos mismos la realizaron por órdenes de la rectora, quien, por medio de “personeros” e incondicionales, les advirtieron que de no firmar esos documentos, se les negaría el pago de aguinaldos, prima vacacional, retroactivo por incremento salarial, etc.
Este escrito fue firmado de manera colectiva, pero solicitaron anonimato a las autoridades correspondientes, aclarando puntualmente la razón, el temor a represalias, por supuesto no hubo respuesta alguna, al contrario, los salarios fueron afectados notablemente y sin explicación alguna. Igual sin respuesta han quedado muchos otros escritos, quejas, denuncias, donde señalan a Silvia Cristina Manzur Quiroga como responsable de un listado significativo de irregularidades, atropellos, hostigamientos, amenazas, faltas administrativas, malversación de recursos; pero desde su llegada a mostrado su poderío y ahora lo reconfirma.
De tal suerte, el ánimo y esperanzas de cambio sustantivo en la UPVT, para el bien común y beneficios de los alumnos y egresados, así como el alcance de la justicia laboral para profesores y personal administrativo, vislumbradas con la acción estudiantil, al llamar a la comunidad a un paro para exigir su destitución, queda sin efecto, anulado e ignorado como han sido ignorados todos los oficios, escritos y denuncias emitidos por maestros afectados, líderes sindicales, a quienes ni el propio presidente de la republica pudo darles solución desde el gobierno federal, igual como en el gobierno estatal, donde se alienta burocráticamente esa impunidad que prevalece en todas las malas acciones de Cristina Manzur Quiroga.
El colmo, dijeron los profesores, fue el pasado Día del Maestro, cuando a modo de burla recibieron como regalo, de parte de la rectora, un librito infantil, editado por el COMECYT, del cual fue directora, y donde igual dejo una cantidad tremenda de quejas e inconformidades; además del librito sobre dinosaurios les entregó un paquetito de plumas y lápices, también con el sello de esa institución a la cual sigue ligada, pero ahora como beneficiaria indirecta, recibiendo, con prestanombres, recursos para “proyectos” que no corresponden en cantidad y beneficio de los presupuestos asignados, pero esa es otra historia, cuyos documentos para probarlo están recopilándose.
Sin embargo, indicaron los docentes, ante este panorama y dada la omisión en la que incurren todas las instancias a las que han acudido, tanto del gobierno federal como de la Secretaria de Educación y Secretaria del Trabajo de la entidad, lo más factible sería tal vez denunciar a estas dependencias por omisión, por complicidad, por solapar e ignorar las quejas presentadas con todo y pruebas, sumándose la PROPAEM, a quien le pidieron docentes y alumnos, intervención para castigar y detener la masacre realizada por órdenes de Cristina Manzur Quiroga, quien mando matar a los perritos “comunitarios” de la UPVT, a pesar de ser parte de un programa de bienestar animal.
El tema de las mascotas de esta Universidad lastimó emocionalmente a varios alumnos y maestros, incluso guardias del plantel, quienes fueron despedidos por defender y tratar de salvar a los perros, el brutal hecho, y la orden de dejar a vistas de todos los cuerpos torturados, quemados, asfixiados de estos animalitos fue denunciada en diversos medos de comunicación, sin embargo no hubo acción alguna, pese a existir una ley al respecto que sanciona severamente acciones como las de Cristina Manzur Quiroga, lo cual, dijeron, es muestra de la evidente y dolosa actitud de la rectora, quien hasta la fecha se mantiene impune por sus tropelías y múltiples acciones que presumen la constitución de delitos, algunos graves, pero ella no se inmuta, al contrario, asegura con toda prepotencia, entre los corrillos de la UPVT y oficinas de gobierno, que hagan lo que hagan ella seguirá en su puesto… todo parece indicar que así será.
