Tania Ramírez, directora de REDIM, señaló la urgencia de evidenciar la realidad de pobreza que vive la niñez indígena en un estado considerado como próspero.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) realizó la presentación de la investigación la “Infancia Cuenta en Yucatán 2021”, un ensayo que ofrece un análisis sobre la situación y el nivel del cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en el estado de Yucatán y en especial, sobre las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad como en el caso de las infancias indígenas, en el contexto de la pandemia global.
El documento que fue realizado entre REDIM y la organización Investigación y Educación Popular Autogestiva (IEPAAC), con el apoyo de la Fundación Kellogg para América Latina y el Caribe, forma parte de una línea de estudios dedicada a abordar temáticas complejas relacionadas con niños, niñas y adolescentes, como la migración y las desapariciones, que ahora también se expande para atender miradas más focalizadas en el país.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la REDIM, explicó que los resultados del informe permitieron identificar la necesidad de incrementar los esfuerzos para combatir la pobreza extrema que sigue creciendo y afectando a la niñez y adolescencia en la entidad. De acuerdo con la publicación, Yucatán era de los ocho (8) estados con mayor pobreza extrema en la población de 0 a 17 años en 2020, en términos de porcentaje. Asimismo, el porcentaje de pobreza extrema de niñas, niños y adolescentes en la entidad fue el 4o que mayor aumento presentó a nivel nacional, al pasar de 8% a 12.4%, según muestran los datos de la Medición de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018-2020) que fueron evaluados en el estudio.
“No podemos seguir viendo a Yucatán como un estado próspero, si la niñez indigena se encuentra cada vez más pobre y bajo unos niveles de desigualdad que aumenta las condiciones de vulnerabilidad que ya padecen, en contra de la garantía a sus derechos”, expresó Ramírez, quien mostró otros datos sobre el estado de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la entidad.
Infancias invisibilizadas: Algunos de los hallazgos que más preocupan
- En el derecho a la educación la “Infancia Cuenta en Yucatán 2021” revela que: el porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 3 a 17 años que no asistían a la escuela aumentó entre 2015 y 2020 (de 11.2% a 12.9%). En 2020, 24.6% de las y los adolescentes entre 15 y 17 años no asistían a la escuela, al igual que el 27% de las niñas y niños de 3 a 5 años. (INEGI, Censo 2020).
- Respecto al derecho a vivir a una libre de violencias el documento precisa que: entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años de edad atendidas en hospitales del país por violencia sexual aumentó en Yucatán de 25 a 59. La mayoría de las víctimas (86.4%) eran mujeres.
- Asimismo, sobre la situación de niñas y adolescentes: al menos 4% de las mujeres entre 12 y 17 años en Yucatán vivían casadas o en unión libre en 2020; esta cifra se elevaba a 7.4% entre las mujeres de 15 a 17 años. 301 mujeres entre 12 y 14 años vivían casadas o en unión libre en Yucatán, por lo que más mujeres entre 12 y 17 años vivían casadas o en unión libre en 2020 (4,519) que en 2000 (4,471).
- En materia de embarazo infantil y adolescentes: la cantidad y el porcentaje de mujeres de 12 a 17 años con hijos aumentaron en Yucatán entre 2000 y 2020. En 2000, 2,222 (2.1%) mujeres de 12 a 17 años tenían al menos un hijo nacido vivo; en 2020 esta cifra aumentó a 2,678 (2.4%). Mientras que entre la población de 15 a 17 años, 4.6% de las mujeres en Yucatán tenían al menos un hijo en 2020 (2,596 en total). 82 mujeres de 12 a 14 años tenían al menos un hijo nacido vivo el mismo año en Yucatán.
La investigación evidenció también que la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán sigue sin reconocer la importancia que tiene el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en la garantía de los derechos a la niñez. La ley mantiene al SIPINNA como parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En consecuencia, lo excluye de las tareas de coordinación de políticas públicas en diversas materias a favor de las infancias. Igualmente se pudo detectar que la ley no sólo omite los mecanismos adecuados para incluir la consulta de niñas, niños y adolescentes y cumplir con la garantía a su derecho participación. También llama la atención que en un estado donde existe una mayoría de población que se auto- adscribe como parte de un pueblo originario, haya sido invisibilizado en la ley.
No obstante, el estudio también contiene recomendaciones para abordar y atender estas desigualdades, señaló Ramírez. Entre ellas se incluyen el que las autoridades junto con la sociedad civil realicen un análisis acerca de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad, y con base a este, reformulen el programa especial de protección, además de establecer un programa de cumplimiento que enliste claramente las metas, plazos y responsables.
“Se recomienda que en la formulación de políticas públicas y programas se reconozca la manera diferenciada en la que impacta en la población la pobreza, la edad, la condición de discapacidad, el género y la etnicidad. Del mismo modo, revisar y replantear los términos de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Estatal de Protección Integral para garantizar mayor transparencia, representación y legitimidad en la toma de decisiones”, entre otras recomendaciones, expresó la directora de REDIM.
A juicio de Alejandra Garduño, directora de la Fundación Kellogg, quien formó parte del panel invitado en la presentación, el estudio hace un llamado especial, tanto al sector público como al social, a discutir y abordar las desiguales que afectan a niños, niñas y adolescentes y “a coordinar políticas en educación, salud, cultura, entre otras, a partir de los vacíos ampliamente identificados en el estudio” para atender a la infancias más vulnerables, cuyos problemas se han agudizado con la pandemia en un panorama cada vez más complejo en Yucatán, dijo.
Por su parte, Irma Yolanda Pérez Campos, coordinadora de Proyectos en IEPAAC, puntualizó que la investigación contribuyó a identificar datos que son necesarios evidenciar no sólo para mostrar las brechas que padecen niños, niñas y adolescentes en la entidad, sino también para respaldar el diseño de políticas públicas y programas enfocados en la atención a la niñez. “Hay datos impactantes que van más allá del estado próspero del que siempre se habla que es Yucatán. Esto es una radiografía que muestra cómo estamos en datos y es una oportunidad para sumar esfuerzos y colaborar de manera conjunta por el bien de las infancias”.
La presentación de la “Infancia Cuenta Yucatán 2021”se enmarca en la gira que continúa realizando REDIM por diversas entidades del país para mostrar los resultados de investigaciones en materia de incidencia pública y establecer alianzas para la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México. Por ello, que el informe fue presentado también ante las autoridades estatales durante el marco de la primera Sesión Ordinaria del 2022 del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (SIPINNAY), quienes recibieron y valoraron el contenido del documento como parte de los aportes realizados por la sociedad civil para contribuir al fortalecimiento de acciones que permitan la atención de las infancias en la entidad.
