Colectivos condenan los hechos ocurridos en secundaria de Guanajuato en donde policías municipales mostraron a menores uso de armas.
Diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en temas de justicia, seguridad y paz expresamos nuestra indignación y condena ante los hechos ocurridos la tarde del pasado lunes 07 de julio en la secundaria Técnica 54 Mariano Matamoros de Purísima del Rincón, en Guanajuato, donde personas funcionarias públicas que ejercen como policías municipales —y con la presencia de autoridades escolares— promovieron la exposición, uso y presunto adiestramiento de varios tipos armas en las manos de un grupo de adolescentes, estudiantes del turno vespertino, durante la realización de un curso realizado bajo la consigna de “impartir pláticas sobre prevención de las adicciones y la violencia” como parte del programa Planet Youth, a cargo del gobierno del estado de Guanajuato, el cuál no prevé ni sustenta el poner en contacto a niñas, niños y adolescentes con armas.
Tras conocerse el hecho que involucra a personas adolescentes y el ingreso de armas en una escuela secundaria por parte de policías, las organizaciones firmantes nos sumamos a la preocupación por el impacto que la violencia armada sigue teniendo en la niñez y adolescencia en el país. Niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de la grave crisis que en materia de derechos humanos que se vive en un país sometido a un conflicto armado no reconocido por el Estado, ni sus autoridades, pero que ha incrementado la presencia de armas en el territorio nacional. Eliminar la violencia de la vida cotidiana de las infancias es una tarea lo suficientemente difícil como para que además sean las autoridades de seguridad pública, quienes acerquen las armas de fuego a la niñez y adolescencia.
Ante lo descrito, recordamos la urgencia de tomar medidas adecuadas para prevenir y atender la violencia armada en nuestro país que repercute en la vida diaria de niñas, niños y adolescentes. La aproximación para atender la violencia por parte de las instituciones del Estado no puede ni debe darse con el acercamiento de ningún tipo de armas a niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, las estrategias de atención a la violencia y a la inseguridad deben contemplar a niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derechos en escenarios donde tengan su voz y se fomente el que sean escuchadas sus preocupaciones y sus propuestas, en vez de ser usados para este tipo de actividades en las que colocan armas en su manos y enseñarles a cómo usarlas, que promueve una normalización de la violencia que se vive actualmente en estado.
Destacamos la oportunidad para que las autoridades revisen sus protocolos en la realización de éstas u otras actividades en las escuelas, que si bien son necesarias las acciones de prevención, estas deben priorizar y garantizar el derecho humano a una vida sin violencia y la construcción de una cultura de paz.
Recordamos que el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo (UNLIREC) presentó recientemente el informe “Armas de fuego en escuelas en América Latina y el Caribe” en el que destaca que algunas de las manifestaciones del fenómeno incluyen: armas que son encontradas al interior de escuelas; estudiantes portando armas entre sus pertenencias; estudiantes armados que amenazan a sus compañeros y maestros y disparos al interior de las escuelas; entre otras. Ante lo anterior, UNLIREC preparó una campaña para promover espacios seguros y libres de violencia para las y los jóvenes en la región que puede ser considerada para brindar estas charlas al interior de las escuelas.
Es urgente también retomar la Estrategia de protección de niñas, niños y adolescentes ante la violencia armada, instalada en febrero de 2021encabezada por la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que busca atender este problema de forma integral, a través de la Comisión para prevenir todas las formas de violencia contra las niñas, niños, y adolescentes (COMPREVNNA) y el Grupo de Trabajo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Violencia Armada convocado a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Por este medio, exigimos una investigación inmediata, sanciones a las autoridades responsables, restitución de derechos a adolescentes que participaron en la actividad y la no repetición de estas acciones.
También reclamamos que todos los programas que se lleven a cabo por parte del gobierno del estado de Guanajuato, que sin duda es parte de las muy necesarias acciones para atender la grave crisis de violencia, sean con estricto apego a los principios de protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en la prevención social de la violencia y en la procuración de la seguridad y la justicia y tome en cuenta el principio del interés superior de la niñez; con la finalidad de crear ambientes seguros para las niñas, niños y adolescentes, así como el personal directivo, docente y administrativo.
Exigimos que este hecho no quede impune, pues es un claro ejemplo de la cruda normalización de la violencia y el uso de armas de fuego. El Gobierno debe de implementar acciones inmediatas para proteger a la niñez y adolescencias.
