Grave vacío del Estado para buscar a las personas desaparecidas: “Zeferino Ladrillero”

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” urgió al gobierno federal para que ponga en marcha de manera inmediata el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), institución que debió estar en funciones desde 2019.

José Antonio Lara, abogado del colectivo, explicó ante las más de 100 mil personas registradas en calidad de no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, “la falta de dicho banco interfiere en una localización oportuna”.

Aclaró que desde 2017, los integrantes del Congreso de la Unión adecuaron el marco legal para crear diversas instituciones y mecanismos para afrontar “esta grave crisis de desaparición de personas en el país”.

“Entre estas acciones se encuentra la puesta en operación del BNDF, que debe  concentrar la información forense para ayudar a identificar a las personas desaparecidas, incluyendo la genética, de los registros de las entidades federativas y de los federales, así como del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas”, dijo.

El abogado, cofundador del colectivo, calificó esta acción de las autoridades del gobierno federal como “una grave omisión que atropella los derechos humanos de los familiares y de las víctimas directas que hoy continúan en la labor de búsqueda, incluso, de manera artesanal”.

Explicó que ya se mantiene comunicación con autoridades de la “Organización de la Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos y con la Comisión Interamericana para que coadyuven a la inmediata en la creación de esta institución que tanta falta le hace al país”.

“Las víctimas y familiares deben tener el respaldo del Estado mexicano para garantizar una búsqueda eficaz e inmediata hasta saber su paradero, “ya que toda persona tiene derecho a ser buscada y su familia a tener el respaldo total de las autoridades”.

El litigante acotó que entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, hay registro de 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en el país, de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, esto de acuerdo a cifras oficiales.

Tan solo entre 2006 y mayo de 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913.

Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4 mil 161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, ciudad de México con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan 71.8% del total de los registros.

“El Estado debe comprometerse a garantizar una debida búsqueda, localización e identificación, haciendo uso de las instituciones y mecanismos, y por ello es necesario más adecuaciones del Poder Legislativo al marco legal”, dijo.