Hay denuncias por presuntos actos de corrupción, acoso sexual y violación.
Alumnos, académicos e investigadores de diversas escuelas de educación media y superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunciaron su incorporación al paro nacional de actividades debido a los señalamientos de hechos de corrupción y violación a los derechos humanos.
Exigieron la remoción inmediata de funcionarios públicos de la dirección de Cómputo y Comunicaciones así como de la Coordinación Nacional de Cálculo tras las acusaciones de corrupción y violación a los derechos humanos de la comunidad científica del IPN.
Recordaron que Justicia Transversal Mexicana (JTM), a través del abogado Mauricio Santiago Eder, se emitieron sendas denuncias por presuntos actos de corrupción, acoso sexual y violación a los derechos humanos de funcionarios públicos al interior de la dirección general.
“Se suma una denuncia penal en contra de la institución, que dirige Arturo Reyes Sandoval, debido a que dejó vulnerado el derecho de miles de estudiantes, académicos y empleados a la conexión digital”, recordó Santiago Eder.
Precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a diversos funcionarios del IPN, ante el presunto desvío de fondos, al realizar una supuesta compra por más de 9 millones de pesos por servicios de conexión a internet y telefonía digital.
Dos firmas fueron requeridas para realizar trabajos de mantenimiento y tras concluir con sus actividades, funcionarios del IPN cometieron una serie de violaciones al procedimiento administrativo, por lo que quedaron sin liquidar los contratos con ellos, por lo que el servicio de digital quedó comprometido y sin servicio para los usuarios del IPN.
Según la investigación federal, funcionarios de la dirección de Cómputo y Comunicaciones del IPN, particularmente Francisco Javier Hernández Betancourt –jefe de división– y el titular de la Coordinación Nacional de Cálculo, Carlos Ruiz Víquez Cuevas, están acusados de pedir dinero a cambio de cubrir un adeudo de nueve millones de pesos a diferentes empresas por trabajos ya realizados.
Ante esta negativa y habiendo comprometido los servicios de comunicación en materia de internet y telefonía digital de la institución, la comunidad politécnica ya solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) garantías para que se respeten los derechos de la comunidad del IPN en materia de “conectividad digital” y derecho a la educación.
Explicó que la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000816/2021 de la FGR, menciona que los funcionarios Francisco Javier Hernández Betancourt –jefe de división– de Cómputo y Comunicaciones, así como el titular de la Coordinación Nacional de Cálculo, Carlos Ruiz Víquez Cuevas, entre otros muchos más, en la comisión de estos delitos considerados graves.
Denunciaron que parte de la comunidad del IPN y las firmas afectadas interpusieron un juicio de amparo, -que tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia administrativa- quien hasta el momento no ha emitido sentencia, situación que la JTM considera se revictimiza los derechos de las víctimas.
