Pide la FGJEM hasta 15 años de prisión por el incremento artificial de precios.
El Congreso del Estado de México analizará propuestas para que la Secretaría de Seguridad esté a cargo de los eventos con más de mil asistentes, propuesta por la diputada Rosa María Zetina González (Morena), así como para imponer hasta 15 años de prisión en contra de quien se exhiba como integrante de algún grupo delictivo o haga uso de la violencia para imponer alza de precios.
En sesión deliberante, la diputada Rosa María Zetina expuso su iniciativa de reformas a la Ley de Eventos Públicos del Estado de México para que la Secretaría de Seguridad este a cargo de la seguridad en el entorno y al interior de los eventos públicos con más de mil asistentes, con lo que se busca reactivar la economía de la industria de los eventos a la par de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Además, plantea que la coordinación de Protección Civil del gobierno estatal expida los acuerdos, manuales, protocolos y circulares en los que se establezcan los criterios aplicables a la celebración de eventos públicos, así como que, en caso de eventos deportivos recurrentes con grupos de animación permanente, cuyo aforo sea mayor a mil asistentes, se entregue el padrón de integrantes con la finalidad de que se cuente con información para salvaguardar la integridad de los asistentes a este tipo de eventos. La iniciativa será analizada por la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito.
PIDE LA FGJEM HASTA 15 AÑOS DE PRISIÓN POR INCREMENTO ARTIFICIAL DE PRECIOS*
El Congreso local recibió la iniciativa de José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que busca proteger la actividad comercial, al establecer en el Código Penal penas de seis hasta diez años de prisión para quien realice conductas encaminadas a generar una alza de precios, competencia desleal o distorsionar el mercado en una localidad o región. A dichas sanciones se sumarían siete a 15 años cuando la persona que cometa el delito se ostente como integrante de alguna asociación o grupo delictuoso o hace uso de la violencia.
De acuerdo con la iniciativa, expuesta por la legisladora María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN), vicepresidenta de la Directiva, las sanciones aplicarán en contra de quien induzca o provoque que una persona o unidad económica compré, obtenga o adquiera de otra persona, comercio o empresa los bienes o insumos para su giro comercial; obligue a comprar, vender o distribuir bienes o insumos a personas o empresas específicas, y vender bienes o insumos a comerciantes del mismo giro comercial en una localidad o región a precio por encima del mercado.
La propuesta, que será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, también prevé multas en contra de quien incurra en estas conductas y se ostente como integrante de algún grupo delictuoso o si comete violencia. Otra agravante del delito es que si en su comisión participan dos o más personas se impondrán de tres a cinco años de prisión y de 500 a 800 días multa.
El documento detalla que el delito se perseguirá de oficio y destaca que el Estado de México es un referente nacional en desarrollo económico, pues es la segunda economía del país, genera el 10 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y es el primer lugar en la generación de unidades económicas en el país (con 12 de cada 100).
