La legisladora Trinidad Franco propuso que el Instituto de la Defensoría asesore a quienes no puedan contratar defensoría particular.

En nombre del grupo parlamentario del PT, la diputada Trinidad Franco Arpero propuso incluir en la Ley del Instituto de la Defensoría Pública la materia laboral dentro del patrocinio público gratuito para las y los trabajadores que por cuestiones económicas estén impedidos de contratar una o un defensor particular, mientras que el diputado Sergio García Sosa planteó incluir en la Ley del Adulto Mayor los principios de visión prospectiva y solidaridad intergeneracional, a fin de refrendar un estado de bienestar para las personas mayores.

En sesión deliberante, la diputada Trinidad Franco propuso que el Instituto de la Defensoría Pública proporcione gratuitamente patrocinio de defensa en materia laboral, siempre y cuando el solicitante sea una persona física, tenga ingresos mensuales menores al monto equivalente a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente y no sea representante de organización o gremio sindical.

La legisladora enfatizó en la relevancia del gremio obrero, pues compartió que, según datos de 2022, en la entidad existen 5 millones 736 mil 954 personas empleadas subordinadas, de los cuales dependen 4 millones 568 mil hogares y 4 millones 421 mil 644 niñas y niños, mientras que de los 100 conflictos registrados a nivel nacional 22 son del Estado de México. La iniciativa fue remitida a dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

En su momento, el diputado Sergio García, coordinador legislativo del PT, expuso que se busca definir a la visión prospectiva en la Ley del Adulto Mayor como el proceso que considera el ciclo de vida de las personas a fin de tomar acciones de preparación para la vejez y a la solidaridad intergeneracional como la construcción o fortalecimiento de relaciones de respeto, apoyo, estímulo e intercambio de experiencias y conocimientos entre las personas adultas mayores y el resto de los grupos etarios que forman parte de la sociedad.

Refirió que en 2020 en la entidad se contabilizó a un millón 919 mil 454 personas con 60 años o más, y que las cifras se encaminan a que cada vez haya más población adulta, por lo que subrayó que es necesario establecer normativas que contemplen acciones específicas en la materia, para así preparar, pero sobre todo dignificar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Esta propuesta fue remitida a dictamen de la Comisión Para la Atención de Grupos Vulnerables.