viernes, abril 19, 2024

Emitirá comisión legislativa las recomendaciones salariales de los servidores públicos.

La Comisión de Planeación y Gasto Público del Poder Legislativo tendrá la atribución de formular opiniones y recomendaciones en materia de remuneraciones de los servidores públicos, aprobaron, por unanimidad, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y de Planeación y Gasto Público y que deberá se ratificado por el Pleno de la 60 Legislatura antes de adquirir vigencia.

La propuesta presentada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el legislador Maurilio Hernández González (morena) detalla que para ello la Comisión contará con el apoyo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), respetando los principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad, legalidad, eficacia, eficiencia, congruencia, igualdad y transparencia.

Con el dictamen de la iniciativa aprobado durante una reunión de trabajo a distancia realizada a través de medios digitales, la Comisión de Planeación y Gasto Público se encargará de llevar a cabo estudios y emitir opiniones en materia de remuneraciones de los servidores públicos del Estado de México y de los 125 municipios mexiquenses, tarea que venía realizando el Consejo Consultivo de Valoración Salarial, órgano auxiliar del Poder Legislativo.

A partir de bases técnicas, reglas y parámetros objetivos y diferenciados, detalla el dictamen, la Comisión podrá formular opiniones o recomendaciones sobre la remuneración que debe corresponder a cada uno de los servidores públicos del Estado de México y sus municipios, haciéndolas del conocimiento del Pleno de la Legislatura.

Posteriormente, las recomendaciones serán publicadas en la Gaceta del Gobierno, a fin de que sean consideradas al discutir el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, y para la formulación de recomendaciones a los municipios.

Cabe señalar que las observaciones sobre las remuneraciones mínimas y máximas propuestas en el proyecto de presupuesto las deberá emitir la Comisión a más tardar el cinco de diciembre, en tanto que para los municipios las remuneraciones serán revisadas antes del 25 de febrero de cada año.

El documento explica que, pese a que el cargo de sus integrantes es honorífico, la operación del Consejo y la realización de las actividades encomendadas suponen erogaciones adicionales que pueden abatirse si las atribuciones relativas son asumidas de manera directa por el Congreso, como fue aprobado.

También subraya que las remuneraciones deben determinarse considerando factores como la población, los recursos económicos disponibles, el costo promedio de vida, el índice inflacionario, el grado de marginalidad, la productividad en la prestación de servicios públicos, la responsabilidad de la función y la eficiencia en la recaudación de impuestos.

Por lo anterior, el dictamen indica que el Poder Legislativo ha buscado generar un basamento jurídico que señale y regule las dietas y sueldos que devengan los servidores públicos del Estado de México, ajustándose a criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación, que guarden relación con el cargo que desempeñan y que contribuyan a eliminar la discrecionalidad en la asignación de las remuneraciones.

De igual manera se resalta que es importante seguir combatiendo la corrupción en la entidad y que la medida legislativa es consecuente con esa intención y se enmarca en lo señalado en el Plan de Desarrollo 2019-2024 y en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, así como en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

COMPETENCIAS LABORES MUNICIPALES PODRÁN ACREDITARSE EN INSTITUCIONES CON VALIDEZ OFICIAL

Los servidores públicos municipales podrán obtener la certificación de competencia laboral por cualquier institución con reconocimiento de validez oficial que asegure los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, y no solo en el Instituto Hacendario del Estado de México, y que este requisito se acredite dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones, aprobó por unanimidad la Comisión de Legislación y Administración Municipal de la 60 Legislatura.

Estas disposiciones deberán ser atendidas por quienes ocupen las áreas municipales de Mejora Regulatoria, Secretaría, Tesorería, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil, así quienes sean titulares de unidades administrativas y de organismos auxiliares, establece el dictamen que deberá ser votado por el Pleno de la 60 Legislatura antes de adquirir vigencia.

BUSCA EL PAN SANCIONES DE HASTA 10.5 AÑOS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN CONFINAMIENTO

A fin de que se proteja y garantice integral y plenamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Grupo Parlamentario del PAN planteó a la 60 Legislatura sancionar con 10.5 años de prisión el delito de violencia familiar cuando se cometa durante algún confinamiento impuesto por las autoridades por causa de fuerza mayor o de alguna contingencia o emergencia sanitaria.

La iniciativa, cuya autoría es de los legisladores Edgar Armando Olvera Higuera, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Karla Leticia Fiesco García y Brenda Escamilla Sámano, también establece que, cuando la violencia familiar la cometa quien tenga medidas de restricción por la autoridad competente o infrinja las medidas de protección a la víctima, el castigo será hasta de ocho años de prisión y de 200 a 600 días-multa y el agresor será sujeto a tratamiento psicológico especializado.

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