El abogado Paulo Díez exige a la SICT cumplir resolución judicial y devolver a la nación el Viaducto Bicentenario.

Por Eduardo Alonso

Paulo Díez Gargari, abogado especializado en caso Aleatica (antes OHL), este lunes entrega una carta al Ingeniero Jorge Nuño Lara, Encargado de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, a través de la cual le precisa porqué el Viaducto Bicentenario administrado por Aleatica (antes OHL), debe ser regresado a la nación.

Lo anterior, ya que su operación que data de hace diez años es irregular pues la empresa de origen español edificó dicha infraestructura vial (segundo piso de periférico norte), sin contar con una concesión como lo ordenan y establecen las leyes mexicanas en la materia.

“El Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción  federal (como lo son todas las vías generales de comunicación), que Aleatica (antes OHL) ha explotado ilegal e impunemente durante más de 10 años, sin concesión del Gobierno Federal otorgada por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (la SICT)”, precisa un apartado del escrito.

El abogado Díez Gargari, que durante la administración federal del ex presidente Enrique Peña Nieto, fue perseguido, intimidado y acosado jurídicamente a raíz de que empezó a ventilar en la opinión pública mexicana, las múltiples irregularidades en las que había incurrido, y sigue incurriendo la empresa española que construye carreteras, precisó que para el caso del Viaducto Bicentenario elevado, construido en su totalidad “de manera ilegal” sobre el Tramo Toreo-Tepalcapa de la autopista México-Querétaro del km 11+080 al km 32+850, no contó con autorización previa de la SICT.

La carta de Diez Gargarí que contempla copia a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República; Roberto Salcedo Aquino. Secretario de la Función Pública; David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación; María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y Jesús Lenin Lares Hayashi, titular del Órgano Interno de Control; así como Rogelio Mauricio Rivero Márquez, Director General de Desarrollo Carretero, ambos de la SICT, precisa: “Asunto: Se requiere al Encargado del Despacho de la SICT la recuperación inmediata del Viaducto Bicentenario en beneficio de la Nación”.

El abogado Paulo Díez le puntualiza al encargado de despacho de la Secretaría que no puede eludir su responsabilidad, ni ser omiso porque a partir de este momento “es responsabilidad personal suya recuperar el bien nacional e impedir que se siga explotando ilegal e impunemente, en perjuicio de la República y de los mexicanos. El retraso injustificado en el cumplimiento de esta obligación a su cargo genera una afectación indebida a la hacienda pública federal y es causa de responsabilidad penal”.

El abogado le advierte al encargado de despacho, Jorge Nuño Lara, que en caso de abstenerse de atender dicho asunto que ya ha tenido varias resoluciones judiciales a favor de la nación, lo hace responsable, entre otros, del delito de encubrimiento en términos del artículo 400 fracción IV del Código Penal Federal.

“Usted tiene conocimiento de la resolución del Tribunal Colegiado, es decir, de que existe cosa juzgada sobre el tema, de modo que el día de mañana no podrá alegar en su defensa ignorancia o desconocimiento de que esa omisión constituye encubrimiento”, subraya en su escrito Paulo Diez Gargari.

Por último, explica que el arbitraje internacional para la protección de inversiones no protege al delincuente de las consecuencias de su conducta delictiva, “como quisieran Aleatica e IFM; protege al inversionista que se ve injustamente privado de una ganancia lícita a la que tiene derecho, que -como usted sabe- no es el caso de estos muchachos. El caso de estos muchachos es la corrupción y el engaño”.