Afirman comerciantes de la vía pública de Naucalpan, Estado de México, ser víctimas de hostigamiento y agresiones por parte de autoridades municipales.

Respaldados por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena), representantes del organizaciones de comerciantes de la vía pública, de Naucalpan, Estado de México, afirmaron ser víctimas de hostigamiento y agresiones e incluso extorsiones, por parte de autoridades municipales.

En conferencia de prensa, comentaron que inspectores de mercados, supervisores del área vía pública y policías municipales constantemente los agreden, hostigan y los extorsionan e incluso los han amenazado de muerte y agredido con arma blanca, por no contar con el permiso correspondiente, el cual no pueden obtener porque no se les permite pagarlo directamente a la Tesorería Municipal. 

Señalaron que frente a esos atropellos se han organizado en la asociación civil Unión de Comerciantes “Justo Sierra” que tiene como objetivo dignificar el comercio, así como en el Sindicato de Trabajadores de Alto Riesgo, para promover amparos y se les permita laborar, pero las autoridades locales no los reconocen y por ello no les otorgan permisos.

En ese sentido, las y los vendedores ambulantes llamaron a la alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya Marín, a que les dé la facilidad de pagar su permiso para laborar en la vía pública, directamente a la Tesorería Municipal.

Por su parte, el diputado Robles Gómez (Morena), secretario de la Comisión de Justicia, informó que suscribió un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un exhorto a la presidenta municipal para que termine con las extorsiones, agresiones y criminalización hacia los comerciales.

“Estos trabajadores ejercen con honestidad su labor, es gente cuya venta es la subsistencia de sus familias, sólo quieren trabajar y llevar el sustento a sus hogares”, manifestó.

Robles Gómez señaló que se trata de comerciantes, en su mayoría mujeres y personas de la tercera edad, que son detenidos y presentados ante el juez cívico, el cual suele imponer multas no menores de tres mil pesos.

“Las denuncias de personas trabajadoras del comercio en vía pública comenzaron desde el inicio de la administración de la alcaldesa panista, y se han incrementado en los últimos meses”, finalizó.