La exclusión de las personas de la diversidad sexual del presupuesto de egresos del GEM se traduce en un acto de discriminación indirecta e injustificada.

Por Eduardo Alonso

El Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de México están obligado a etiquetar presupuesto para atender a la comunidad LGBTIQ+ y garantizar sus derechos humanos, coincidieron en señalar integrantes de las organizaciones civiles Fuera del Clóset AC y Amicus AC.

Frente al Congreso del Estado de México Juan Pablo Delgado y Ernesto Montes de Oca,   dirigentes de las organizaciones Amicus y Fuera del Clóset, respectivamente, consideraron que las instituciones mexiquenses han sido omisas al no contemplar un presupuesto etiquetado, es decir destinado específicamente para atender las necesidades de la comunidad como es la asistencia médica con personal capacitado para brindar servicio a homosexuales, lesbianas y transexuales.

“El Estado ha sido responsable de la omisión, invisibilizacion y violencia sistemática en contra de la diversidad sexual y de género”, precisó Ernesto Montes de Oca, dirigente de la comunidad LGBTIQ+.

Consideró que de existir presupuesto para la comunidad y sus temáticas, habría posibilidad de incidir de manera sustancial en reducir la brecha de desigualdades que enfrentan todos los días.

Ambos líderes precisaron que si su objetivo se cumple, obtener presupuesto anual para la comunidad, la autoridad a nivel estatal deberá de implementar programas sociales, aplicación de políticas públicas, campañas o proyectos focalizados en materia de salud, educación, desarrollo social, seguridad, justicia, trabajo, cultura, entre otros.

Para Ernesto Montes de Oca la exclusión de las personas LGBTIQ+ del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México se traduce en un acto de discriminación indirecta e injustificada pese a tratarse de una población en una situación de desventaja histórica análoga a la de otros grupos que sí son beneficiados por el ordenamiento relativo, cómo las infancias, adolescencias, juventudes, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores.

Es de destacar que la asociación civil Amicus, en el estado de Guanajuato, logró que las y los diputados y el gobernador de dicha entidad, etiquetaran alrededor de 7 millones de pesos para atender sus causas.

Dinero que en estos momentos se está destinado a realizar un “diagnóstico participativo”.

Con base en dicho antecedente, los dirigentes de la comunidad LGBTIQ+ confian en que el Poder Judicial emita una determinación favorable que obligue tanto al Gobierno del Estado de México, como a la LXI Legislatura local, a diseñar políticas encaminadas a combatir la violencia y discriminación homo-lesbo-bi-transfóbica  que contemple la observancia de los principios de acceso a la información y participación, traducido en el involucramiento efectivo de las personas y las organizaciones de la sociedad civil interesadas.

Es de destacar que dicha demanda coordinada por Amicus y que tiene como objetivo etiquetar recursos para la comunidad, se presentó también en Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.