jueves, marzo 28, 2024
Va INFOEM por sanciones económicas a entes opacos

José Martínez Vilchis, presidente de INFOEM, apuesta a endurecer castigos a sujetos obligados que no sean transparentes.

Por Eduardo Alonso

José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del  Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), informó que los integrantes del Consejo ya se han dado a la tarea de modificar ciertos ordenamientos para que todos los sujetos obligados, es decir las instituciones públicas municipales, estatales y organismos autónomos de la entidad mexiquense, cumplan con la normas mínimas de transparencia.

Y en caso de no hacerlo, dijo, se active el esquema sancionador contemplado en la ley, es decir medidas de apercibimiento, amonestación y/o multa para todos aquellos funcionarios que están al frente de organismos de transparencia y no cumplen.

En breve entrevista el titular del organismo estatal encargado de garantizar los mecanismos de transparencia, José Martínez Vilchis, precisó que en estos momentos la ley contempla diversas sanciones para todos aquellos que por una u otra circunstancia no cumplen con la colocación de toda su información básica relacionada con esquemas mínimos de transparencia (en el Estado de México hay 125 gobiernos locales) y sus respectivas áreas.

“Falta ir más a sanciones económicas, cosa que estamos afinando nosotros en el Instituto. Acabamos de cambiar nuestros reglamento… para que podamos ser más efectivos en las sanciones económicas y las medidas de apremio”, dijo.

El ex Consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y también ex Rector de la Universidad Autónomo del Estado de México (UAEMex), Martínez Vilchis, quien hoy está al frente del organismo que impulsa la transparencia en el territorio mexiquense caracterizado por indicadores de corrupción, confió que los funcionarios que están al frente de áreas de transparencia coloquen toda la información en sus respectivos sitios de internet.

Lo anterior, mencionó, con el firme objetivo de que cumplan la ley.

Datos del Instituto de Transparencia precisan que la Contraloría Interna está facultada a imponer las siguientes sanciones a los “sujetos obligados”: apercibimiento, amonestación pública y multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la UMA (una multa que puede llegar a 14,433 y hasta 144,330 pesos).

El reporte más reciente del Instituto puntualiza que durante el año 2022 se emitieron 1,343 medidas de apremio; 1,290 apercibimientos y 52 amonestaciones públicas y 1 multa (de 14,433 pesos al Ayuntamiento de Chicoloapan).

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