Con plantón afuera de la FGJEM, familiares y amigos de Karina Soto exigen justicia, luego de que ministeriales la torturaran y allanarán su casa en 2020.

Karina Soto, madre de dos niños y vecina del municipio de Nicolás Romero, ubicado al norte del Estado de México, mantiene plantón en la explanada de la Fiscalía estatal con el objetivo de que el titular de esa dependencia José Luis Cervantes Martínez, entregue a los cinco policías ministeriales que ingresaron a su hogar para someterla, amenazarla con privar de la vida a su hijo y exigirle que dijera donde estaba una persona que jamás lograron identificar.

En entrevista con Luis Pantoja Ríos, titular del programa De Análisis que se trámite de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas por la plataforma digital comunicadoresmx, la señora aseguró que lleva más de una semana en plantón, junto con algunos de sus vecinos, y no está dispuesta a levantar su protesta en tanto los policías que la agredieron no se les inicie una carpeta de investigación de carácter penal para que paguen por lo que hicieron: tortura.

Karina Soto sostuvo que tres de sus agresores responden al nombre de Armando Gonzales Gama, Jesús Mirón Galicia y Andrés Granados Limón, ya que de los otros dos dijo no tener datos.

Explicó que en el año 2020 varios policías de investigación irrumpieron en su domicilio, ubicado en el municipio de Nicolás Romero, entraron con armas de fuego y extrema violencia.

Ya en el interior la sometieron, colocaron al piso, la oprimieron y empezaron a exigirle con palabras altisonantes que precisara dónde estaba (en referencia a su pareja sentimental), sin precisar nombre, le gritaban que dijera dónde estaba, mientras que otros policías sometían a su hijo y le colocaban la pistola a la altura de su cabeza.

Acto de tortura ante el que no pudo hacer nada, ya que eran cinco hombres armados frente a ella y sus hijos, por varios minutos la sometieron y amenazaron.

A casi tres años de ese suceso, la señora Soto dijo que pese a exigir a José Luis Cervantes, Fiscal General de Justicia del Estado de México, ordenar una investigación para sancionar a sus elementos que, presuntamente, cometieron tortura, no ha tenido una respuesta.

“Cuando entran (a su hogar sin orden de cateo) me preguntan dónde está, ellos nunca me dijeron a quién buscaban y por qué entraron así”, recordó.

La señora aseguró que le pusieron la pistola en la cabeza a su hijo, y le decían que dijera dónde está (el hombre al que estaban siguiendo), porque si no lo hacían su hijo perdería la vida.

Quiero que se haga justicia y que la Fiscalía estatal deje de estar escondiendo a los investigadores que ingresaron a mi casa para torturarme, expresó.

Añadió que cualquier cosa que le pueda pasar hace responsable a José Luis Cervantes Martínez y Alfredo del Mazo Maza, Fiscal y gobernador, respectivamente.

Lo anterior, mencionó, porque durante los días que ha estado a las afueras de las instalaciones centrales de la Fiscalía estatal, la han estado siguiendo a cada uno de los lugares que acude, “si voy a la tienda me siguen”, “si me muevo a algún lugar me siguen”, dijo tras subrayar que le sacan fotografías y videos de manera constante.

Ante dichos actos de intimidación, la señora Karina Soto, responsabilizó a las y los funcionaros de la Fiscalía estatal sobre cualquier cosa que le pudiera pasar en los próximos días.

Reconoció que el sujeto al que presumiblemente venía siguiendo eran su pareja sentimental, ya que tres meses atrás lo había conocido y empezaban a tener una relación.

Detalló que esa noche su pareja sentimental le tocó la puerta y precisó que lo venían siguiendo, acto seguido le permitió el paso a su hogar e instantes después se retiró de su hogar por la parte trasera.

“Cuando llegó me dijo que lo venían balaceando y lo estaban siguiendo”, comentó la señora.

Karina Soto comentó durante la entrevista que días atrás logró tener un diálogo con el Fiscal mexiquense, y aunque le precisó que atendería su demanda y para lo cual le pidió que se sometiera a un proceso de Protocolo de Estambul, es decir a un procedimiento que permite una investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, la citas que le han dado para tal propósito, se las han cancelado de último momento.

“Hoy tenía una cita en Barrientos”, pero la retrasaron y cancelaron, denunció la señora Karina Soto y “creo que no se vale y estoy cansada de que no me hagan justicia”.

Por último, aseguró que hay funcionarios que la han amenazado de manera directa y advertido que si decía algo le metía plomo al menor de edad, su hijo, al fin que ya sabían dónde vivía.

La señora Soto venía trabajando de conserje en una escuela primaria, ubicada en el municipio donde vive, actividad que tuvo que dejar porque hoy su objetivo es que se la haga justicia.