Las mujeres que son violentadas están impedidas de hacer la denuncia porque en muchos de los casos, su agresor forma parte del personal custodio: académica
Muchas de las mujeres recluidas en penales del estado de México, no sólo se encuentran privadas de la libertad, sino que son objeto de marginación y abusos, considera Cristina Eugenia Pablo Dorantes, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del estado de México (UAEMex)
Explicó en De Análisis con Luis Pantoja Ríos que la situación de las mujeres recluidas en los Centros Penitenciarios, independiente del delito que compurguen, es realmente complicada y más aún en el marco de la pandemia por Covid-19.
Dijo que se ha incrementado de manera exponencial el número de mujeres que son acusadas del delito de secuestro y se abusa de la pena de prisión con evidentes infracciones a sus derechos humanos. “Sabemos de casos en los que los custodios abusan sexualmente de las reclusas y quedan embarazadas, cuando tienen una pareja afuera del reclusorio”.
En este sentido, las mujeres que son violentadas también están impedidas de hacer la denuncia correspondiente porque en muchos de los casos, su agresor forma parte del personal custodio, pues en lugar de sentirse protegida por la autoridad correspondiente, corre el riesgo de obtener un castigo mayor.
Es por ello que la académica considera vigilar muy de cerca las prácticas de segregación que aún existe en los penales como en el caso de Santiaguito, en donde opera El Apando que no es otra cosa que una celda de castigo, en donde se les tiene privada de las libertad por más de un mes. “Con este tipo de prácticas es fácil exceder los límites que infringen los derechos humanos de la reclusas”.
Tras conocer los testimonios de mujeres que compurgan penas en el penal de Santiaguito dados a conocer a través del programa De Análisis, Pablo Dorantes considera necesario empezar a promover una correcta cultura de la prevención del delito, “pero, sobre todo, haciendo un verdadero cambio en las políticas ya implementadas en materia de seguridad ciudadana”.
Si una mujer cometió un delito, debe cumplir con el castigo correspondiente por trasgredir la ley, pero eso no le otorga ningún derecho al personal penitenciario a infringir un castigo a título personal. “Estas prácticas deben tener los castigos correspondientes y adecuados, sin dejar de lado los derechos humanos de los que goza cada persona en calidad de detenida que se encuentre cumpliendo sentencia ahí”.
Las condiciones que se viven dentro de los penales y el poco personal para dar la debida atención a las personas que cumplen sentencia, “dificultan la reinserción social de estas personas. Esto provoca que haya poco control en los castigos que se implementan dentro de los centros de reintegración social”.
