viernes, marzo 29, 2024

El ciudadano debería tener derecho a ver el estatus de su trámite a través de una plataforma pública.

La pandemia ha venido a empeorar una crisis económica que arrastramos hace mucho, incluso a nivel mundial, provocando que muchos de los sectores de nuestro país, especialmente el agropecuario, se vean en la necesidad de reinventarse y estar abiertos a nuevos panoramas para buscar una solución.

Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, ha logrado cambiar el matiz en las estructuras empresariales que aquí se manejan y que son tan necesarias en las crisis económicas actuales.

A esto, menciona González Hernández, se ha tenido una gran serie de empresas, de todos los tamaños, verdaderamente afectadas que necesitan un apoyo. Algunos de estos los otorga el gobierno, sin embargo, están siendo muy limitados pues a nivel Estado se ha degradado el nivel de apoyos a comparación de otros países.

“Es necesario incentivar un programa para el desarrollo de empleos, la reactivación económica a través de pequeños estímulos y hacer del seguro de desempleo una realidad, dejando de lado las regulaciones de empresas y establecimientos excesivas y exageradas, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente”.

Aunado a esto, el apoyo a la desaparición del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), está planeando una modificación que solamente dictamine los giros “de alto impacto”, como en los desarrollos inmobiliarios, las industrias contaminantes, los desarrollos industriales, plazas comerciales, estadios o cualesquiera que puedan afectar el ambiente o puedan significar un riesgo para la población.

Consideró que todo giro económico necesita un permiso respaldado por el gobierno, y aunque esta regulación es lo correcto, no es necesario poner tantos requisitos para pequeños establecimientos, como lo son restaurantes o refaccionarias, pues existen tramites con alrededor de 2 años de rezago que entorpecen la reactivación económica.

Laura González recordó que todos los trámites pertenecen al municipio y actualmente, sin importar el tamaño del giro, éste es sometido al DUF, a lo que propone, junto con el grupo parlamentario de Morena, que no sea necesario que los giros de bajo y mediano impacto pasen por toda la burocracia jurídica de un dictamen, siempre y cuando también tengan reglas claras y transparentes en el municipio.

Asimismo, mencionó que el ciudadano debería tener derecho a ver el estatus de su trámite a través de una plataforma pública con tiempos medidos y acciones claras sobre las consecuencias de rebasar ese tiempo por parte de los servidores públicos, como sería el generar un dictamen automáticamente o sancionar clara y contundentemente al servidor público en cuestión.

Redacción: Andrea Jasso

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