La acumulación del hidrocarburo en la superficie y su saturación en el ambiente ocasionó una fuerte explosión que dejó un saldo de 137 decesos.

El robo de combustible originó una de las tragedias más recientes. Esta actividad, además de dañar gravemente las finanzas del país, pone en riesgo la vida de quienes la practican y de aquellos que circunstancialmente se encuentren cerca

Aquel 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, se registró la expulsión descontrolada de gasolina en el kilómetro 226 del oleoducto que corre del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula.

Fue ocasionada por la instalación rudimentaria de una toma clandestina en el ducto de 14 pulgadas de diámetro con la finalidad de extraer ilegalmente el combustible. Debido a la fuerte presión del hidrocarburo y al poco conocimiento técnico en la manipulación de esas tuberías, rápidamente se salió de control y el liquido comenzó a brotar masivamente elevándose varios metros.

La gente comenzó a acercarse con la esperanza de recolectar el combustible para venderlo posteriormente, incluso sin saber que eso constituye un delito y que su vida estaba en riesgo inminente.

A las 18:58 horas, la acumulación del hidrocarburo en la superficie y su saturación en el ambiente ocasionó una fuerte explosión que dejó un saldo de 137 decesos: 69 personas fallecieron en el lugar y de los 81 hospitalizados por quemaduras, murieron 68; sólo 13 fueron dados de alta con lesiones.

La explosión fue particularmente mortal debido a que una gran cantidad de personas se encontraban en el lugar recolectando combustible y otros más por simple curiosidad.

El huachicoleo, o bien, la extracción, almacenamiento y comercialización de gasolina, diésel, turbosina, combustóleo y gas LP de manera ilegal es un delito federal. Está penado de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, ya que son bienes propiedad de la nación.