La MP Patricia Reyes y la funcionaria Diana Flor Díaz Mancero, discriminaron y maltrataron a familiares y colectivos que denunciaron desaparición de una menor que ya fue localizada pero aun no es entregada a sus tutores.

Mediante una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que la Policía de Investigación (PDI) de esta Institución localizó a una menor de 13 años de edad, quien fue reportada como no localizada en la zona oriente de la entidad y por quien desde el 26 de noviembre pasado se emitió un Boletín de Urgencia para su localización.

En el comunicado se aclara que a pesar de que la familia de la adolescente realizó la denuncia por desaparición, la joven refirió que su ausencia fue voluntaria y abandonó el núcleo familiar derivado de diversas problemáticas generadas en su entorno inmediato.

“Personal de esta Fiscalía General realizó diversas diligencias y logró ponerse en contacto con la menor por medio de redes sociales y acordaron encontrarse en la zona del Metro Pantitlán, donde finalmente se hizo contacto con ella, y posteriormente fue trasladada a instalaciones de la FGJEM para resguardarla y rendir su entrevista con el Ministerio Público”.

Finalmente, se asegura que la Institución brindará a la adolescente todo el respaldo, asesoría y cuidados hasta determinar si es reintegrada a su núcleo familiar.

No obstante, colectivos que brindaron acompañamiento y asesoría a los familiares de la menor acusan a miembros de la Fiscalía de no respetar los acuerdos del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas que derivó señalamientos ofensivos en contra de las activistas y de la propia familia de la adolescente que ya fue localizada pero aún no es entregada a sus familiares.

A continuación se reproduce íntegro el documento que se difunde a través del colectivo Nos Queremos Vivas Neza:

Hoy 10 de diciembre, en el marco del día Internacional de los Derechos Humanos, como Asamblea Vecinal, queremos denunciar públicamente:

1) las omisiones y faltas al debido proceso por parte de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México en el caso de desaparición de una menor de 13 años de edad y

2) la difamación, desprestigio, estigmatización a la Asamblea Vecinal por parte de la Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Carmen Patricia Reyes Díaz y la funcionaria pública, Diana Flor Díaz Mancero, por nuestra labor de defensa de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del acompañamiento que se ha dado a la familia de la menor antes referida y la exigencia que se ha hecho a las autoridades para que realicen su trabajo y cumplan con sus obligaciones legales.

Ante la falta de atención expedita de las autoridades en el caso de desaparición de la menor de 13 años sucedida el día 26 de noviembre de 2020 en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, la familia de la niña se acercó a pedir asesoría a nuestra organización.

De esta forma nos compartieron que desde el primer contacto que la familia tuvo con las autoridades se trató de amedrentar a la madre de la menor, quien realizaba las visitas a la Fiscalía antes señalada, para los trámites y el proceso de búsqueda que ella iniciaba.

Así, antes que investigar a quien la madre consideraba podía estar involucrado en el delito de desaparición, la Fiscalía comenzó a cuestionar el cuidado de la niña, la vida personal de la madre y se enfocaron en señalar y presumir que la familia violenta a la menor, antes que realizar las acciones de búsqueda inmediata.

Contrario a lo que indica el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas

Desaparecidas, las autoridades negaron en todo momento una atención adecuada y con perspectiva de género, situación que revictimizó a la familia. Entre las omisiones enlistamos

las siguientes:

1. a) Cuando la madre de la menor preguntó por la revisión de las cámaras del C-5 instaladas en el municipio, cerca del lugar de la desaparición de la menor, se señaló que no se habían revisado debido a que la familia no lo había solicitado.
2. b) No se les asignó abogada o abogado de oficio ni se les canalizó con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.
3. c) No se les proporcionó su número de carpeta de investigación y se negó la entrega de una copia de ésta a la familia.
4. d) Ante la falta de informes acerca de los avances en la investigación, la madre de la menor acudió constantemente a solicitar información al respecto, sin embargo, en reiteradas ocasiones la MP le dijo “retírese y no venga hasta que la llame porque no nos deja trabajar”, negando su derecho a la información e impidiendo que ejerciera su derecho a coadyuvar con las investigaciones.
5. e) Se usaron prejuicios morales y estereotipos en contra de la madre como argumento para investigar violencia intrafamiliar antes que realizar la búsqueda de la menor e investigar los delitos que se estuviesen cometiendo en contra de ella.

Frente a estas omisiones, la Asamblea Vecinal como organización acompañó a la familia a entregar un documento solicitando que se actuara conforme a derecho, considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda y la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, así como la Alerta de Violencia de Género por desaparición, a partir de esto las autoridades insistieron de manera constante en que no se involucrara a “otras personas” en el caso y se advirtió a la familia de la niña, acerca de la Asamblea Vecinal, señalando: “ya han participado

en otros casos y sólo entorpecen nuestro trabajo”.

Los señalamientos de las autoridades de la Fiscalía en contra de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, se producen en el contexto de la doble alerta de género por el aumento de violencia feminicida contra mujeres, niñas y adolescentes en el territorio periférico del Estado de México. El acompañamiento que se realiza a las familias y víctimas de la violencia se lleva a cabo con el objetivo de señalar y evitar la falta de debida diligencia por parte de las autoridades, recordándoles sus obligaciones y buscando que las omisiones, corrupción y violaciones a los derechos humanos que cometen las autoridades en general, y en particular con las que hemos tenido que lidiar, dejen de ser prácticas constantes y sistemáticas. Siendo día internacional de los Derechos Humanos, queremos enfatizar que en Nezahualcóyotl y en México en general, las defensoras seguimos teniendo obstáculos, el Estado se ha encargado de no permitir que realicemos nuestro trabajo.

Como mujeres de la sociedad civil que buscan acompañar y exigir justicia en diversos casos, tanto de feminicidio como de desaparición de mujeres, queremos recordarle a las autoridades de Ciudad Nezahualcóyotl y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que tienen la obligación de investigar y realizar las acciones pertinentes siempre en beneficio de las mujeres y con base en el interés superior de la niñez; de igual forma se les recuerda que limitar o desvirtuar la actuación de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa de cualquier derecho humano, va en contravía del derecho que tienen las personas de actuar individual o colectivamente a favor de los derechos humanos, según lo dispuesto en distintos instrumentos legales nacionales e internacionales. También contraviene el deber que tienen todos los Estados de garantizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Gracias a la persistencia de la familia, especialmente de la madre de la menor, así como a la presión que hicimos como Asamblea Vecinal, en el ejercicio de nuestro derecho humano a defender derechos humanos, es que la menor pudo ser localizada. Es gracias a esa labor de defensa de los derechos humanos que las autoridades correspondientes actuaron, les exigimos que no intenten manipular la situación ni tergiversar su discurso a conveniencia, como si no supiéramos el contexto donde nuestra lucha surgió. De no ser negligentes, no habría necesidad de salir a defender nuestros derechos.

Aprovechamos este espacio para preguntarle a las autoridades de Ciudad Nezahualcóyotl y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: ¿Qué sucedió con el sujeto que tenía a la niña, mismo que tiene 30 años de edad (17 años de diferencia)? ¿Se investiga la comisión de un delito por parte de éste? Debería estar garantizada la seguridad de la menor, ¿cómo nos aseguran que no se la volverá a llevar? y ¿Cómo nos aseguran que no se la va a llevar ningún otro sujeto?. No hay garantía de la no repetición de los delitos (violación y desaparición), si no es detenido el responsable que se llevó a la menor.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que no queremos que esta situación represente un peligro a la seguridad de la menor, de su familia o de alguna de las compañeras que hemos dado acompañamiento. Por lo cual hacemos responsables a las autoridades involucradas de cualquier suceso que atente contra nuestra integridad física y psicoemocional.