Bancadas de morena, PVEM, PT, MC, PRD y legisladora independiente llaman a saldar la deuda histórica con las mujeres; PAN pide abrir el debate e incluir a todas las voces de la sociedad.

La Comisión para la Igualdad de Género del Congreso mexiquense, presidida por la diputada Zaira Cedillo Silva (morena), aprobó un proyecto de iniciativa respecto a la despenalización del aborto en el Estado de México, el cual será turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), para que considere su presentación en la sesión deliberante del 25 de noviembre.

En reunión de trabajo, la legisladora Zaira Cedillo informó que la propuesta para reformar el Código Penal estatal es autoría de la Comisión, y detalló que actualmente hay cinco iniciativas sobre la despenalización del aborto en la entidad: dos de morena, una de MC y una del PRD, las cuales fueron ingresadas en la LXI Legislatura mexiquense; además de que en la actual legislatura la asociación Marea Verde Estado de México presentó una propuesta y la legisladora Paola Jiménez Hernández presentará otra más.

Al compartir que anualmente cuatro mil mexiquenses acuden a la Ciudad de México para realizar este procedimiento, la diputada reconoció que en la Casa del Pueblo se origine su discusión y se coincida en la importancia de la prevención del embarazo, pero resaltó que “no se busca ser omiso ante la realidad de las mujeres y no hay que retrasar más un debate agotado”, por lo que pidió no criminalizar a las mujeres por su derecho a decidir.

La iniciativa establece penas de seis meses a un año de prisión a la mujer o persona gestante que voluntariamente practique la interrupción del embarazo después de las 12 semanas completas de gestación; y la que consintiere que otra persona lo hiciere o practique, con su consentimiento.

Además, cinco a 10 años de prisión, y de 50 a 400 días de multa, a quien comenta la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, sin consentimiento de la mujer; y hasta 15 años de prisión, si quien cometa el delito emplea violencia física, psicológica y obstétrica, o negligencia en los cuidados ginecológicos gineco-obstétricos.

En caso de personal médico, enfermería o partería, se suspenderá de tres a seis años su ejercicio en la profesión. Y, en el caso de reincidencia, será por 20 años la suspensión.

La iniciativa entiende por embarazo a la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio, así como a la persona gestante a cualquier persona con aparato reproductor femenino y con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia u orientación sexual.

No se considerará delito, aún cuando se realice después de las 12 semanas la interrupción del embarazo, cuando: sea resultado de una acción culposa de las mujeres; el embarazo sea resultado de una violación, implantación no consentida de óvulo fecundado o inseminado artificialmente, independientemente de si exista o no denuncia; la mujer corra peligro de muerte o su salud se vea afectada a juicio médico, si no se realiza el procedimiento.

De igual manera, cuando existe la prueba suficiente, de acuerdo con las o los médicos, para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que deriven en trastornos físicos o mentales graves; se demuestre que la mujer embarazada haya sido ocultada o privada de su libertad por quien tiene una relación sentimental o de confianza con ella; y cuando exista un trastorno ginecológico que haya impedido a la mujer tener conocimiento de su embarazo.

Por morena, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza exhortó a que se haga un esfuerzo para que la ILE avance en los mejores términos y saldar la deuda histórica con las mujeres, incluso con la figura parlamentaria de urgente y obvia resolución; reconoció la iniciativa propuesta porque es transversal e intersectorial, y aseguró que en sus artículos transitorios se podrían realizar los ajustes pertinentes.

Aunque cuestionó el proceso legislativo de la propuesta, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón recalcó que es una oportunidad histórica para garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, y pidió incluir en el análisis las iniciativas de la asociación Marea Verde y de la bancada petista.

De la bancada panista, el parlamentario Pablo Fernández de Cevallos González compartió que en la Jucopo se había acordado que cada grupo parlamentario presentaría una iniciativa al respecto y lamentó que no se cumpla con la normativa legislativa, ni se escuche a todas las voces.

La diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) recordó que su bancada es pionera en la defensa en este tipo de derechos y se expresó a favor de la ILE, aunque cuestionó el procedimiento legislativo de la iniciativa, pues afirmó que otras bancadas parlamentarias también tienen sus propuestas. Además, solicitó que la voluntad se refleje presupuestalmente.

La parlamentaria independiente, Paola Jiménez Hernández, indicó que la discusión central es dignificar la vida de las mujeres; criticó que es un tema sobrediscutido, pues en la Ciudad de México se legisló hace casi 18 años y en más de la mitad del país se ha aprobado la ILE. Aseguró que se trata de una deuda histórica, particularmente con los sectores más vulnerables, porque quienes se someten a un aborto clandestino principalmente son campesinas, trabajadoras del hogar y comerciantes informales.