sábado, marzo 28, 2020

“Se escucha que quieren hacer otro motín, quieren matar a más gente”: familiares de internos.

En un escueto comunicado, autoridades del estado de México informaron de la muerte de un interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Tlalnepantla, derivado de una riña con otro reo.

Se explicó que la víctima murió a causa de las lesiones infringidas durante el incidente, momentos antes de ser ingresado en un hospital para recibir la atención médica.

Aunque no se proporcionaron mayores detalles, algunos medios señalaron que se trató de Alessandro Ricalde, ex policía municipal de Huixquilucan, acusado de participar en el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos la persona que falleció dentro del penal de Barrientos.

Tras el breve y llano comunicado, parecería que la muerte de un reo forma parte de la normalidad de un penal y “el Centro Penitenciario realiza sus actividades de manera normal y en ningún momento se desestabilizó el orden y la paz social en el inmueble”, añade la nota informativa.

El comunicado sólo da a conocer que el reo falleció a causa de las lesiones infringidas, pero no se detalla si fue con algún tipo de arma, y de ser así, quién lo permitió.

Es por ello que familiares de internos recluidos en el penal de Barrientos, han manifestado su preocupación y miedo por la seguridad de sus familiares, “los internos corren peligro ya que en el interior del reclusorio aun tienen armas de fuego; hay varios internos que se quieren amotinar”, reclaman.

Coinciden en que la propia directora del centro penitenciario, Paula Gabriela Valdez Herrera, tiene conocimiento de lo que pasa en ese lugar pues “permitió a ‘el tanque’ y a ‘Fabián’ pasar esas armas a cambio de dinero; ella quiere disfrazar el homicidio del día de ayer con que fue una riña por intento de fuga, cuando las autoridades del penal y principalmente la directora tenían conocimiento de que planeaba matar a Ricalde con una arma de fuego”.

De acuerdo con versiones de los propios internos, Ricalde murió por varios impactos de bala y no por arma punzocortante, además de que hubo otras dos personas lesionadas.

Algunos de los testigos que prefirieron el anonimato, aseguran que los responsables del asesinato son “el tanque” que es el encargado de la tienda y de “Fabián”, encargado del dormitorio 7.

Las camionetas que surten de mercancía a la tienda que opera dentro del penal y que presuntamente es manejada por “el tanque” ingresan los jueves y “es probable que sea la forma en que entren las armas”.

Al parecer, el presunto asesinato de Ricalde se debió a la disputa por el control de la venta de drogas dentro del penal.

“Se escucha que quieren hacer otro motín, quieren matar a más gente”, alertan familiares de internos.

Hay que recordar que en junio de 2016 se registró un motín en donde quemaron colchones y destrozaron patrullas, mientras el entonces comisionado de la Comisión Estatal de Seguridad en el Edoméx, Eduardo Valiente, aseguraba que no había lesionados ni muertos, lo que provocó la ira de los familiares que fueron dispersados con gases lacrimógenos.

Esa ocasión sirvió también para denunciar la corrupción al interior penal porque les piden dinero para poder entrar y llevarles algún alimento o ropa, así como para pagar por la protección de su familiar.

A cuatro años de esta denuncia, la situación no ha cambiado, los familiares tienen que desembolsar hasta tres mil pesos a la semana porque “nos cobran por todo, hasta por las mesas y sillas en las que reciben las visitas”.

En este mismo penal, el lunes 12 de agosto del 2019, Eder “N” falleció a consecuencia de los golpes que le propinaron para que se culpara de un delito que presuntamente no cometió. “Me pegaban en la cabeza con los codos, me quemaban con un encendedor en los codos y me clavaban agujas en el cuerpo”, dijo a su hermana cuando pudieron encontrarse en el área de visitas del centro penitenciario.

Familiares de Eder “N” buscaban en esa fecha limpiar su nombre y exigían justicia porque la directora del penal Paula Gabriela Valdez Herrera, retrasó el traslado y atención al paciente, a pesar de presentar alteraciones en su estado de salud.

En el Estado de México se encuentran 21 centros penitenciarios que albergan más de 30 mil internos.

La noche del miércoles, José Arturo Calva Pérez, uno de los abogado de la organización Resistencia Civil Pacífica, entregó una solicitud de audiencia con la directora del penal Paula Gabriela Valdez Herrera, para que les proporcione una explicación de lo que realmente sucedió el pasado martes al interior del reclusorio y conocer en realidad cuántas personas murieron, las causas que originaron la riña, saber la condena que purgaban y sobre todo, el número de carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) por estos hechos.

Asimismo, entregaron copias de los oficios que presentaron al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el maltrato que reciben los internos de los 21 centros penitenciarios del estado de México.

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