Confirma OSFEM que el Padrón de beneficiarios del Salario Rosa no es transparente y no cuenta con datos básicos que permitan confirmar qué recibieron, cuándo, cómo y por qué.

Los principales hallazgos encontrados en el gasto que ejerció el Poder Ejecutivo durante el año 2020 están relacionados con el “Salario Rosa” y sus múltiples vertientes, por lo que se derivaron 81 recomendaciones y 11 pliegos de observación al programa insignia del mandatario estatal Alfredo De Mazo Maza, precisó Miroslava Carrillo Martínez, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

La titular de la institución estatal facultada por mandato de ley para revisar, analizar y detectar, a través de auditorías, irregularidades  en el dinero gastado  por parte de instituciones públicas de carácter estatal , municipal y órganos autónomos, dijo en entrevista con Luis Pantoja Ríos,  titular del programa De Análisis que se transmite por la plataforma https://comunicadores.mx/   que entre algunos hallazgos detectados está la no disponibilidad y transparencia de todos los beneficiarios de programas sociales y sus múltiples vertientes como:

“Salario por  el Trabajo”,  “Salario por el Emprendimiento”,  “Familias Fuertes por la Educación”,  “Familias Fuertes por el Mejoramiento de la Vivienda” y “Familias Fuertes con apoyos Agrícolas”, entre otros.

Irregularidad que se ha mantenido, precisó la auditora estatal, pese a que la norma de transparencia puntualiza que los padrones de las y los beneficiarios de programas sociales deben ser públicos, es decir de libre acceso para cualquier ciudadano y más aún para la institución encargada de revisar las cuentas estatales, es decir en qué y cómo gasta el gobernador en turno y su equipo de trabajo.

Recordó que la Ley de Transparencia estatal establece que los padrones de beneficiarios deben ser públicos sin la necesidad de que alguien los solicite a través del mecanismo de transparencia, y hasta el momento eso no sucede; lo que significa una grave irregularidad.

Miroslava Carrillo acotó que cada programa social estatal tiene sus propias reglas de operación y objetivos,  con la finalidad que a quien se entregue el beneficio tenga la posibilidad de que su situación desfavorable se modificará, pero hasta el momento no hay datos que permitan advertir o comprobar esa premisa, refirió.

La titular del OSFEM detalló que aunque desde el origen de los programas sociales en el Estado de México ha estado prohibido que una o un beneficiario reciba más de un programa, la auditoria de 2019 encontró a personas que estaban recibiendo hasta cuatro tipo de programas, otra situación irregular grave.

Por ese tipo de conductas, así como por falta de justificación del gasto y su no comprobación, es decir no lograron demostrar en que se gastó el dinero y la no publicación de padrones de beneficiarios, se iniciaron procedimientos los cuales están en fase de solventación y aclaración , trámite que se prolonga por  hasta 60 días, precisó.

Explicó que en caso de realizarse una solventación parcial (que no se aclare en su totalidad), el área de investigación iniciará procedimiento, lo que significa una indagatoria más amplia, prolongada y  profunda, la cual siempre garantiza la presunción de inocencia de las o los funcionarios públicos involucrados.

En este tenor Mirsollava Carrilllo subrayó que hasta que concluyan dichos procesos, el área de investigación  deslinda responsabilidades, con nombre y apellido, contra los funcionarios responsables de dichas conductas irregulares. 

“Estamos a favor de la rendición de cuentas” y el objetivo es que la ciudadanía tenga conocimiento del ejercicio del gasto por parte de sus autoridades, dijo la auditora durante la entrevista con Luis Pantoja Ríos.

Aclaró que las sanciones las determina y son impuestas por el Tribunal Administrativo, y el OSFEM es la instancia que aporta los elementos a dicho Tribunal para que impongan los castigos que corresponden.

Por último, admitió que los procesos para deslindar responsabilidades en aquellos casos de desvió de recursos o irregularidades en general, se prolongan por varios años.

Ejemplifico lo anterior precisando que el OSFEM sigue litigando un caso de hace diez años donde está involucrado un funcionario de Naucalpan, el cual se ha estado amparando, no obstante los procesos de auditoria (2015 a 2018) han derivado en sanciones a 33 funcionarios públicos, con inhabilitación de su cargo, entre otros castigos, de 3 meses hasta 10 años.