Por el momento, la ley contempla multas de 7 mil a 120 mil pesos a los funcionarios que se nieguen a entregar información que solicitan las y los ciudadanos: Gustavo Parra
Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), explicó que tras realizar modificaciones a procesos internos relacionados con las sanciones a todos aquellos titulares de órganos de transparencia y/o titulares de dependencias (sujetos obligados) que incumplen con las resoluciones del Pleno del Consejo, ahora se está en posibilidad de imponer sanciones de apercibimiento a funcionarios estatales y municipales por incumplir en la entrega de información pública, las cuales pueden ir desde amonestación pública (regaño), multa que puede ir de 7 a 120 mil pesos, inhabilitación temporal o suspensión definitiva del cargo, esta última, incluso, podría derivar en una denuncia penal.
“Hicimos un cambio en la reglamentación, antes (sanciones) lo tramitaba la Contraloría Interna (del INFOEM); se iba a un procedimiento largo y no estaba dando un resultado específico. Queremos mandar un mensaje muy claro a los servidores públicos respecto a que si no cumplen las resoluciones van a existir consecuencias”, dijo.
En entrevista con Luis Pantoja Ríos, titular de la plataforma digital https://comunicadores.mx/ por donde se transmite el programa informativo “De Análisis” de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas, Gustavo Parra explicó que la sanción es personal y si ésta deriva en multa, el pago deberá correr por cuenta del titular del área de transparencia del ente obligado y/o dependencia estatal, municipal u órgano autónomo, pero jamás por la dependencia donde trabaja.
Subrayó que independientemente de que al funcionario se le imponga una sanción económica, éste deberá entregar la información solicita y si no lo hiciera se inicia un procedimiento de responsabilidad administrativa que pude derivar en suspensión o inhabilitación e incluso hasta en una denuncia de carácter penal.
Donde, detalló, el INFOEM tiene la obligación de aportar elementos que permitan a las Contralorías Internas hacer el desglose ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con miras a buscar la imposición de una pena como la privación de su libertad, por incumplir su obligación pública que es entregar información.
El Comisionado del INFOEM, Gustavo Parra, informó que en los últimos días el Pleno del Consejo impuso 129 apercibimientos para 46 sujetos obligados, entre los cuales están el área de transparencia del DIF de Metepec, junto con la administración de Zinacantepec y Malinalco; en cuanto a las amonestaciones públicas la suma llegó a 40 para 18 sujetos obligados entre los cuales están Tenancingo, Tenango del Aire y Chalco, entre otros; en cuanto a las multas muy probablemente se empezaran a emitir en las próximas sesiones.
Sanciones, puntualizó, por situaciones de omisión y/o por no entregar información que ordenaron las resoluciones del Pleno del INFOEM.
“Se imponen de manera directa (a los funcionarios); son multas que buscan ser ejemplares” con el objetivo de mandar un mensaje contundente para que los funcionarios cumplan la ley, precisó.
Parra Noriega mencionó que técnicamente para el INFOEM las sanciones son “medidas de apremio”, las cuales se desencadenan por el incumplimiento a las resoluciones que ha emitido el Pleno del Consejo, ya sea por una resolución de protección de datos personales o de acceso a la información.
Hay tres tipos de sanciones que permite la ley: apercibimientos, amonestaciones públicas y multas.
Es de destacar que los funcionarios sancionados son evidenciados-mostrados en la misma página del INFOEM.
Parra recordó que hace casi dos décadas, año 2004, la Ley del Instituto de Transparencia no contemplaba sanciones para los servidores públicos que se negaran a otorgar la información pública solicitada por la o el ciudadano.
Puntualizó que durante las sesiones del Pleno se resuelven en promedio 300 expedientes y con ello se está “garantizando” el acceso a la información pública.
Datos del INFOEM advierten que tan sólo el año pasado, 2022, se registraron 90 mil solicitudes; número que aunque es muy relevante, cuando se compara con la totalidad de habitantes que tiene el Estado de México, 17 millones, la cifra es muy menor, por lo que Parra Noriega se pronunció a favor de seguir impulsando la presentación de solicitudes de transparencia.
Reconoció que quizás el número de solicitudes no es mayor porque un gran número de entes obligados, dependencias, practican la “transparencia proactiva” al colocar en sus micrositios, vía IPOMEX, una gran cantidad de información.
Gustavo Parra Noriega se pronunció a favor de que el Congreso local modifique la Ley para que se puedan establecer “arrestos administrativos” a todos aquellos funcionarios que se niegan a cumplir con su obligación que consiste en entregar información pública.
“Estamos trabajando en la Iniciativa de Ley para presentarla a las y los diputados”, mencionó tras puntualizar que entidades como Jalisco ya se contempla ese tipo de sanciones.
El Comisionado del INFOEM reconoció que en estos momentos el presupuesto con el que operan es muy bajo, y sería altamente deseable que se registrará un incremento en 2024.
“No hay que estarnos quietos, hay muchas batallas internas y externas para seguir dando; para contar con más herramientas de transparencia”, concluyó.
